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La Procuraduría General de la Nación le pidió a Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país y que el Gobierno nacional intervino en abril de 2024, adoptar medidas "urgentes" a través de "un plan de contingencia inmediato" que les responda a sus más de once millones de usuarios.
El ente de control lideró una mesa de seguimiento este viernes con representantes de la EPS, y solicitó garantizar atención "oportuna e integral" para las personas afiliadas. Además, insistió en la necesidad de trabajar en alternativas para que sus recursos sean suficientes.
La Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad requirió "continuar trabajando en el modelo de ajuste estructural y las alternativas de solución ante la problemática de disponibilidad y suficiencia de los recursos", de acuerdo con un comunicado oficial.
El llamado del Ministerio Público llegó después de una semana cargada de largas filas, escasez de medicamentos e incertidumbre entre los usuarios de Nueva EPS. Colsubsidio dejó de suministrar medicamentos para los usuarios de la entidad, que tuvo que activar un plan de contingencia.
Pese a la designación de nuevos gestores en once departamentos en los que Colsubsidio operaba, pacientes y organizaciones han denunciado ineficiencia, aparente improvisación y falta de definición de puntos claros para la dispensación de medicinas.
El Gobierno no mejora los servicios de Nueva EPS
La Superintendencia de Salud mantiene intervenida a Nueva EPS desde el 3 de abril de 2024, cuando alegó "una alarmante escalada" en las reclamaciones y una constante vulneración del derecho a la salud. Un año y medio después, el Gobierno adquirió el 51% de las acciones de la empresa.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
Pacientes y alertas, sin atención
El 8 de enero la Defensoría del Pueblo advirtió de "un alarmante aumento" en la "dispensación inoportuna de medicamentos" de Colsubsidio, que hasta diciembre del año pasado tenía un contrato para entregarles medicamentos a más de 1,6 millones de afiliados de Nueva EPS.
Con un mensaje en su cuenta de X, la Defensoría, que hace parte del Ministerio Público, reiteró un "llamado urgente" a la Superintendencia de Salud y al agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves, "para que brinden información clara, oportuna y verificable".
Decenas de pacientes han reportado interrupciones en la atención, procedimientos suspendidos, cancelación de citas y canales virtuales que no les facilitan el acceso a medicamentos o tratamientos esenciales. La participación estatal no ha provocado mejoras.
"La falta de información sobre rutas de atención y procesos de transición en EPS intervenidas agrava incertidumbre, dificulta gestión de casos y vulnera continuidad del servicio", remarcó la Defensoría, que exigió "implementación inmediata de mecanismos efectivos".
El contrato entre Nueva EPS y Colsubsidio terminó por retrasos en los pagos de la entidad. En noviembre de 2025, todavía con Gloria Polanía como interventora, el operador y la prestadora llegaron a un nuevo acuerdo, pero la pausa en el servicio se hizo inminente al iniciar el 2026.
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