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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aplazó la votación de la ponencia que pide formularle cargos al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial y abrir investigación formal a su campaña del 2022 al encontrar indicios de que se violaron los topes establecidos por la ley.
Pese a que se esperaba que este lunes se tomara una decisión, la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, solicitó la rotación del expediente, por lo que la Sala Plena se reunirá nuevamente la próxima.
¿Qué investiga el CNE?
La ponencia de los magistrados Prada y Ortiz, consta de 314 páginas y recoge varios meses de investigación preliminar en los que se practicaron audiencias de testimonio y se requirieron registros contables y certificados.
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Según la investigación, la campaña de Petro habría violado el régimen de financiación de campañas electorales en primera y segunda vuelta en más de 5.300 millones de pesos, lo que según el artículo 109 de la Constitución Política, contempla sanción “con la pérdida de investidura o del cargo”.
El CNE encontró inconsistencias en la información del avión en que fue transportado el hoy presidente y su círculo cercano a las distintas ciudades del país, pues la compañía Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) no remitió los permisos de vuelos otorgados por la Aeronáutica Civil y anuló seis de las nueve facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes. Además, se detectó una posible relación con la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado dichos vuelos.
También se busca indagar sobre el pago a más de 60.000 personas que sirvieron de testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial, que se votó el 19 de junio de 2022.
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Adicionalmente, se indaga sobre el pago a más de 60.000 personas que sirvieron de testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial, que se votó el 19 de junio de 2022.
Gran parte del expediente está basada en la omisión de información financiera en el aplicativo Cuentas Claras de los dineros que supuestamente aportaron el sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO); así como de una factura por concepto de publicidad
