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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó formular cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato presidencial y abrir una investigación formal a su campaña de 2022, al encontrar indicios de que se violaron los topes establecidos por la ley en más de 5.000 millones de pesos.
Para ser aprobada, la ponencia de formulación de cargos al jefe de Estado obtuvo los votos de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, designados como investigadores, y se sumaron los de César Lorduy, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Cristian Quiroz y Altus Baquero completando los votos necesarios.
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Por su parte, las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, cercanas al presidente Gustavo Petro, salvaron el voto.
¿Qué investiga el CNE en la campaña de Gustavo Petro?
La ponencia de los magistrados Prada y Ortiz consta de 314 páginas y recoge varios meses de investigación preliminar, durante los cuales se realizaron audiencias de testimonio y se requirieron registros contables y certificados.
Según la investigación, la campaña de Petro habría violado el régimen de financiación de campañas electorales en la primera y segunda vuelta, lo que, según el artículo 109 de la Constitución Política, contempla una sanción que se constituye en “la pérdida de investidura o del cargo”.
En la indagación previa, el CNE encontró inconsistencias en la información sobre el avión en el que fueron transportados el hoy presidente y su círculo cercano a distintas ciudades del país, ya que la compañía Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) no remitió los permisos de vuelo otorgados por la Aeronáutica Civil y anuló seis de las nueve facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes. Además, se detectó una posible relación con la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado dichos vuelos.
También se busca indagar sobre el pago a más de 60.000 personas que sirvieron como testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial, que se votó el 19 de junio de 2022.
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Asimismo, parte parte del expediente se centra en la omisión de información financiera en el aplicativo Cuentas Claras, sobre los dineros que supuestamente fueron aportados por el sindicato de maestros Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), así como sobre una factura por concepto de publicidad.
¿Qué viene ahora?
A partir de este momento y durante los próximos 60 días, los funcionarios del tribunal iniciarán la etapa probatoria, en la que serán citados los involucrados en la campaña, entre ellos el presidente Gustavo Petro y su defensa, quienes tendrán que entregar las pruebas que desvirtúen el proceso.
Luego se dará paso a los alegatos de conclusión, una intervención de los abogados del jefe de Estado en la que se sugiera y argumente por qué la sentencia del tribunal debe alinearse con la teoría presentada desde el inicio de la indagación. Ese periodo tendría una duración de 15 días hábiles.
Posteriormente, durante el mes siguiente, los investigadores presentarán la ponencia a la Sala Plena, que procederá con la deliberación y toma de decisión.
Si la determinación es positiva, el CNE compulsará copias de inmediato a la Comisión de Acusación, que investiga a los aforados constitucionales, para que se inicie el proceso contra el presidente Gustavo Petro. Según el artículo 119 de la Constitución Política de Colombia, el mandatario podría ser declarado indigno para el cargo por el Congreso.
Mientras tanto, para otros involucrados, como Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña de Petro, el expediente se trasladaría a la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, el tribunal establecería sanciones de tipo administrativo contra la campaña y el partido que avaló al candidato, en este caso Colombia Humana, que podría incluso perder su personería jurídica.
