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La candidata presidencial Claudia López expresó su rechazo frente a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá, en Medellín y municipios cercanos.
La medida cobija a integrantes de organizaciones como la llamada “Oficina”, “los Pachelly” y otros grupos señalados de alta peligrosidad, quienes estarían vinculados a una mesa de diálogo que se desarrolla en la cárcel de Itagüí.
Cuestionamientos a la medida y su origen
De acuerdo con la candidata, la suspensión de las órdenes de captura se habría dado por solicitud del Gobierno nacional, en el contexto de la fase exploratoria de los procesos de negociación de “paz urbana”. Este proceso se enmarca en acercamientos promovidos desde la Casa de Nariño con estructuras criminales que operan en zonas urbanas.
López manifestó su desacuerdo con esta decisión y afirmó que, en su criterio, la medida deja en libertad a personas vinculadas con actividades como el narcotráfico y otras conductas delictivas, lo que, según indicó, genera preocupación por su impacto en la seguridad.
Anuncio de acciones legales
En su pronunciamiento, la candidata también anunció que interpondrá acciones legales ante distintas entidades del Estado. Indicó que presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones y la Procuraduría General de la Nación, relacionadas con lo que calificó como un uso indebido de las facultades presidenciales en el marco de procesos de paz.
Según sus declaraciones, estas acciones buscan que se investigue si la decisión de suspender las órdenes de captura responde a un posible abuso de poder. La candidata señaló que la medida se estaría aplicando en un contexto electoral, lo que, en su opinión, amerita revisión por parte de los organismos de control.
Señalamientos sobre el proceso de “paz urbana”
En el video difundido por la candidata, López cuestionó los resultados de la mesa de diálogo que se adelanta con estos grupos en Medellín. Afirmó que, hasta el momento, dicho proceso no ha generado desmovilizaciones ni reducciones en delitos como la extorsión, según su versión.
Asimismo, aseguró que la decisión de suspender las órdenes de captura se produce en medio de la campaña electoral. En su intervención, sostuvo que esta situación podría tener implicaciones políticas, al considerar que los beneficios otorgados a estos actores coinciden con el desarrollo del proceso electoral en el país.
Durante su declaración, también hizo referencia a antecedentes en los que, según indicó, denunció vínculos entre actores políticos y estructuras ilegales en Colombia. En ese contexto, reiteró su intención de acudir a las instituciones judiciales para que evalúen los hechos relacionados con esta decisión.
Su pronunciamiento concluyó con un llamado a la defensa de la democracia y el respeto por las instituciones. La candidata enfatizó que no se debe permitir la repetición de escenarios en los que, según sus palabras, estructuras criminales influyan en la política nacional.
