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La Casa de Nariño salió a aclarar la controversia generada por versiones sobre un supuesto despido masivo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), luego de que se informara sobre la salida de varios funcionarios de esa dependencia. A través de un comunicado, la Presidencia aseguró que la cifra real de personas desvinculadas fue de 12.
“En total fueron 12 personas las que se desvincularon de la entidad y no entre 30 y 40, como señalan las notas de prensa”, indicó el DAPRE.
Según el comunicado, los funcionarios retirados tenían una vinculación bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, por lo que no hacían parte de la carrera administrativa ni habían ingresado a sus cargos mediante concurso de méritos.
“Las personas que fueron retiradas contaban con una vinculación de libre nombramiento y remoción y no eran parte de la carrera administrativa”, precisó la Casa de Nariño.
En ese contexto, la Presidencia recordó que este tipo de cargos no cuentan con estabilidad laboral reforzada, de acuerdo con la jurisprudencia vigente. El comunicado citó la Sentencia SU-003 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se establece que “los empleados públicos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada”.
El DAPRE también explicó que las desvinculaciones se dieron en el marco del relevo en la dirección de la entidad y de la conformación de un nuevo equipo de trabajo.
“Es importante señalar que los 12 funcionarios eran de confianza de la pasada dirección y, al llegar una nueva administración, se considera que están a disposición del nuevo director o directora, quien conformará su equipo cercano de trabajo”, precisó el documento.
Las versiones iniciales sobre un despido masivo generaron inquietud debido a que se produjeron en la antesala de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que impone restricciones a la contratación y a ciertos movimientos administrativos en entidades del Estado durante los periodos preelectorales.
Sin embargo, desde la Casa de Nariño se insistió en que las decisiones adoptadas se ajustan al marco legal aplicable a los cargos de libre nombramiento y remoción.
