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La Casa de Nariño atraviesa una nueva controversia tras la salida de más de 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), una decisión administrativa que ha generado malestar interno y cuestionamientos por posibles vulneraciones a derechos laborales.
Las desvinculaciones se produjeron luego de la llegada de la nueva directora de esa entidad, Nhora Yhanet Mondragón, quien firmó varias resoluciones de insubsistencia que afectaron a personal con diferentes perfiles y trayectorias dentro de la entidad.
Entre los casos que han despertado mayor preocupación se encuentran funcionarios con estabilidad laboral reforzada, trabajadores próximos a cumplir requisitos de pensión y empleados con condiciones médicas especiales.
De acuerdo con versiones conocidas, entre los retirados hay madres cabeza de familia, personas sindicalizadas, conductores y funcionarios del área administrativa, lo que ha encendido alertas entre organizaciones sindicales y abogados laboralistas.
Acciones legales
Para estos sectores, algunas de las decisiones adoptadas podrían contradecir la normativa que protege a ciertos servidores públicos frente a despidos sin justificación suficiente.
Los trabajadores afectados señalaron que se analizan acciones legales para controvertir las resoluciones, al considerar que no se habrían tenido en cuenta circunstancias personales y laborales que obligan a una protección especial. En ese sentido, no se descarta acudir a instancias judiciales y administrativas para buscar la reversión de algunas decisiones.
¿Contexto electoral?
La polémica se presenta en un momento particularmente sensible para el Gobierno, cuando se acerca la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que limita los movimientos de personal en entidades del Estado durante los periodos preelectorales. Este contexto ha llevado a que distintos analistas y actores políticos interpreten los despidos como parte de una reestructuración interna con implicaciones políticas de cara a las elecciones de 2026.
Este episodio se suma a tensiones recientes dentro del Ejecutivo. En semanas anteriores, se habían conocido denuncias públicas sobre presuntos despidos y contrataciones irregulares en entidades adscritas al DAPRE, lo que incrementó el ambiente de fricción entre altos funcionarios del Gobierno.
La salida de la anterior directora del Dapre, Angie Rodríguez y el nombramiento de Mondragón marcaron un nuevo reacomodo interno en la Casa de Nariño, en medio de ajustes administrativos y disputas públicas que han trascendido al debate político nacional.
Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que explique de manera detallada los criterios de las desvinculaciones ni si se revisarán los casos cuestionados. Mientras tanto, la controversia sigue abierta y mantiene el foco sobre la gestión de personal en una de las dependencias más sensibles del Gobierno nacional.
