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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el articulado de la reforma a la salud, dándole de esta manera luz verde a la iniciativa del Gobierno.
En total se aprobaron 62 artículos y de esta manera se envió el proyecto a la Comisión Séptima del Senado.
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En el debate se aprobaron proposiciones de modificación en 51 de los 62 artículos que componían la ponencia inicial, mientras que un artículo fue eliminado y se incluyeron 22 nuevos artículos.
El avance del proyecto representa un triunfo para el Gobierno Nacional, en particular para el ministro del Interior, Armando Benedetti, que envió una carta solicitando trámite de urgencia e insistencia.
Uno de los puntos más controversiales de la jornada fue la eliminación del artículo 42, que originalmente proponía un sistema meritocrático para el nombramiento de los directores de los hospitales públicos.
Sin embargo, con la eliminación de este artículo, los políticos podrán elegir directamente a los directores de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) sin la mediación de un proceso de selección basado en méritos.
Durante la plenaria hubo críticas por parte de algunos congresistas que advertían una politización y corrupción en el sistema de salud.
La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, fue una de las que cuestionó la decisión diciendo que es “increíble, vuelve y juega el mismo mico. El gobierno de Gustavo Petro vuelve a ceder ante la politiquería y elimina el artículo que establece meritocracia para elegir a los gerentes de los hospitales públicos. Seguirá la misma corrupción de siempre”.
En la misma línea, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, no estuvo de acuerdo con la eliminación del artículo.
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“Es importante la meritocracia en los cargos como dirección de hospitales, con el objetivo que tengamos profesionales idóneos para manejar el dinero de la salud en Colombia. Y estos espacios no se conviertan en focos de corrupción en nuestras ciudades y departamentos”, aseguró.
En contraste, legisladores como Carlos Adolfo Ardila, Gersel Luis Pérez y José Eliecer Salazar defendieron la autonomía regional, argumentando que un control centralizado del proceso de selección restaría poder a municipios y departamentos.
“Los entes territoriales tienen autonomía administrativa, establecida en la Constitución Política, art 287. Por eso, solicitamos que se respete y que sean sus autoridades quienes decidan sobre sus asuntos. El Ministerio de Salud no conoce las dinámicas territoriales y tampoco puede maniatar a los gobernadores y alcaldes para gobernar sus comunidades”, explicó Gersel Pérez.
Ahora, el futuro de la reforma dependerá de la Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno buscará asegurar los apoyos necesarios para evitar que la propuesta vuelva a quedar archivada.
