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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en séptimo debate el proyecto de ley que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), aumentando las transferencias a las regiones del 23,8% al 39,5% en un plazo de 12 años.
“Celebramos esta decisión de la Comisión Primera, que aprobó este proyecto por unanimidad, con el respaldo de todas las bancadas representadas en el Congreso”, destacó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al agradecer el apoyo de los partidos políticos.
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El funcionario agregó que, “parte de las causas del reciclaje de las violencias en los territorios de este país tiene que ver con la falta de presencia del Estado en esos territorios, y este proyecto va a solventar esas deficiencias. Necesitamos un Estado mucho más fuerte en los territorios, que es donde los ciudadanos lo necesitan”, aseguró.
El Gobierno Nacionalacordó que la entrada en vigor de este acto legislativo será a partir de 2027, para evitar riesgos en la sostenibilidad fiscal del país.
Mientras tanto, continuará aplicándose la fórmula actual del Sistema General de Participaciones, que establece que el incremento anual será un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual de los Ingresos de la Nación durante los cuatro años anteriores.
“Lo más importante de este proyecto es que teníamos una deuda histórica con las regiones. Desde 1991 venimos hablando de la autonomía de las regiones, pero materialmente no se ha logrado. Con este proyecto le estamos devolviendo a las regiones la oportunidad de resolver muchos problemas. El exceso de centralismo ha contribuido al conflicto interno en Colombia”, aseguró el representante liberal, Carlos Felipe Quintero.
Por su parte, la congresista del Partido Conservador Ingrid Sogamoso señaló que “esta era una petición que se venía haciendo desde hace muchos años desde los territorios. Aumentar las transferencias a departamentos, distritos y municipios impulsará la educación, la salud, el saneamiento básico y permitirá responder a las particularidades de las regiones. Esto trae consigo responsabilidades de buen manejo por parte de las administraciones locales”.
Es importante destacar que este proyecto deberá estar vinculado a una Ley de Competencias, que el Gobierno radicará en los próximos seis meses, y que incluye la financiación, como mínimo, de dos años de escolaridad en la educación preescolar y dos años del ciclo educativo de la educación superior.
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“Esta reforma no solo implica un cambio a la Constitución Política, como se está haciendo ahora, sino que también requiere la reforma de otras leyes y una reglamentación detallada de este proyecto, asignándole más responsabilidades a los territorios. A medida que se les giren más recursos, los entes territoriales deberán asumir responsabilidades que actualmente están a cargo del Estado central”, explicó el congresista del Partido Conservador, Wadith Manzur.
Mientras tanto, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, afirmó que “este acto administrativo no podía ser utilizado para seguir robando la plata. Logramos tres cosas: garantizar una cobertura universal en educación, salud, agua potable y saneamiento básico; que los recursos sean destinados a los gastos correspondientes y no queden en manos de los gobernadores, y asegurar que el dinero llegue a cada municipio”.
Pese a la votación favorable, aún existen detalles controversiales que deberán resolverse en los dos debates restantes, los cuales serán abordados en el último debate de la iniciativa, que se llevará a cabo en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
