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Armando Benedetti, ministro del Interior, compareció como testigo del presidente Gustavo Petro en una audiencia este viernes ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se trata de una etapa clave en el análisis de una acción popular que podría frenar los señalamientos del mandatario contra el sistema electoral.
Desde antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el jefe de Estado ha objetado la legitimidad del software de transmisión de resultados de los comicios. La Procuraduría pidió imponer una medida cautelar que pare las acusaciones públicas, y el tribunal, para darle trámite, citó a la audiencia, que continuará el 24 de marzo.
La diligencia se ha desarrollado en dos partes. Este viernes le correspondía al jefe de la cartera política y al redactor especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien presentó una excusa. Benedetti respondió a las preguntas de la defensa del presidente.
Alejandro Carranza, abogado de Petro, le preguntó al ministro Benedetti sobre los fundamentos del mandatario para cuestionar a la Registraduría, el software y, en últimas, la confiabilidad de las votaciones. El excongresista, por su parte, aseguró que los dichos del jefe de Estado son en realidad opiniones.
Según Benedetti, como Petro habla de “una política pública electoral” y defiende su postura, “no tiene por qué tener la objetividad”. “Está haciendo una opinión”, sostuvo. El funcionario, en todo caso, fue esquivo cuando se le preguntó si conversaba con el presidente sobre las denuncias de fraude, que hasta ahora no tienen pruebas.
“Me he enterado básicamente por la prensa”, afirmó, refiriéndose a cómo ha tenido conocimiento sobre los reparos, aunque respaldó varios de ellos, como que el software del escrutinio está vigente desde “hace décadas” o que no se ha acatado la sentencia del Consejo de Estado sobre el partido Mira.
La medida cautelar que el tribunal analiza
La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó al presidente Gustavo Petro a una audiencia pública que se desarrolló entre el 13 y el 20 de marzo. El mandatario no acudió. El despacho del magistrado Luis Lasso busca escuchar los argumentos del recelo del jefe de Estado hacia los resultados de las elecciones.
El tribunal responde a una solicitud de la Procuraduría, que pidió cesar “las actividades que puedan amenazar” el proceso electoral de 2026. La idea del Ministerio Público es que la autoridad judicial le ordene al jefe de Estado omitir declaraciones que pongan en duda la transparencia electoral.
Lasso analiza una acción popular contra las manifestaciones del presidente sobre un posible fraude electoral, principalmente por el software que digitaliza las actas de las mesas. Aunque el tribunal no impartió medidas cautelares antes del 8 de marzo, considera pertinente analizar la solicitud para después de los comicios legislativos.
“Si bien el 8 de marzo de 2026 se llevará a cabo la jornada de votaciones para Congreso y consultas presidenciales, lo cierto es que dicha jornada tendrá una fase posterior que haría pertinente una eventual medida cautelar”, afirma la Sección Primera en un auto de quince páginas del 6 de marzo.
En las dos jornadas —del 13 y del 20 de marzo— los delegados del Gobierno han encarado al registrador nacional, Hernán Penagos; a la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios; al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, y al viceprocurador general, Julián Fernández.
Los entes de control y la Registraduría han cerrado filas alrededor de las elecciones de 2026. A días de los comicios legislativos, el órgano disciplinario y la autoridad electoral ratificaron la fiabilidad del sistema de conteo de votos, en medio de denuncias del Gobierno sobre un supuesto fraude.
Las confrontaciones entre Petro y los entes de control por las elecciones
El escepticismo del Ejecutivo, que se desprende del presidente Gustavo Petro, ha causado confrontaciones con el mensaje de transparencia electoral que buscan transmitir el registrador Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Aunque el tono ha bajado, las entidades aprovecharon un nuevo capítulo de la campaña ‘Paz Electoral’ para pronunciarse sobre las votaciones, que deben “unir a toda la nación colombiana”. “Estamos ante un país democrático, afortunadamente”, señaló Penagos, excongresista del Partido de La U.
“Hemos trabajado como nunca”, añadió el registrador desde la sede principal de la Registraduría en Bogotá. Eljach, al tomar la palabra, bautizó el sitio como “la Plaza de la Paz Electoral”. El proceso tendrá auditorías, veedurías internacionales y cientos de testigos electorales.
Benedetti reconoció en una rueda de prensa el 25 de febrero que el mandatario ha impuesto un “manto de duda” sobre las elecciones, pero que los diálogos con la Procuraduría y la Registraduría brindan confianza. Aun así, advirtió que “falta ver el desarrollo de algunas cosas”, como el diseño de los formularios E-14.
El 20 de febrero el procurador Gregorio Eljach anunció que vigilará la impresión y digitalización de los formularios E-14, que “por primera vez” se expedirán en triple copia con acompañamiento de veedurías internacionales y testigos electorales.
Un día antes, el presidente Petro aseguró en la Plaza de Bolívar que había “100% de riesgo de fraude electoral”. La narrativa crítica del jefe de Estado se ha extendido luego de que el registrador Penagos explicara que los jurados deben dejar espacios en blanco en los formularios E-14.
El caso del Mira, el emblema de Petro y Benedetti
Los documentos E-14 sirven para contar los votos de cada mesa. La Registraduría sostiene que tachones o guiones no previenen fraudes, sino que entorpecen la transmisión de datos. El presidente Petro, en cambio, afirma que los cuadros en blanco permiten anotar números falsos.
El procurador Eljach ha sugerido que los jurados que no sigan las indicaciones de la autoridad electoral pueden ser sancionados. Aunque son particulares, cumplen funciones públicas de forma transitoria, por lo que quien incumpla el mandato legal deberá enfrentar consecuencias disciplinarias.
Para blindar la certidumbre en los comicios legislativos, la directriz del registrador Penagos fue que hubiese un formulario E-14 por cada partido o lista al Senado. Para Benedetti, además, debe existir una auditoría en el preconteo, aparte del escrutinio oficial.
En la conferencia de prensa del 25 de febrero el ministro del Interior dijo que existe una “poca asistencia” a las capacitaciones de los encargados del escrutinio. Y que le corresponde a la Registraduría exponer detalles del software electoral que evitará que se repita un caso como el del partido Mira en 2014.
La colectividad cristiana padeció errores e irregularidades en las elecciones de hace doce años. Los resultados iniciales dictaban que no pasó el umbral para el Senado, pero una sentencia del Consejo de Estado de 2018 le dio tres curules, al revisar más de cuatro decenas de decisiones del CNE.
Benedetti ha retomado el caso —en público y en la audiencia—, al igual que el presidente, para detallar que el software “no da la alerta en el preconteo” si el número de votantes no coincide con el de votos. La Registraduría, en todo caso, reveló ante delegados de partidos el código fuente del programa de transmisión de resultados
