“No son militares de alto rango; son soldados que están allí por dinero”: experto sobre colombianos en la guerra de Sudán

Mercenarios colombianos serían contratados desde 2024 para operar en Sudán, participando en combates y drones, con pagos de unos 3.000 USD/mes.

El director de Conflict Insights Group, Justin Lynch, afirmó que desde el verano de 2024 mercenarios colombianos fueron contratados para participar en la guerra en Sudán, donde han desempeñado funciones en combate, reclutamiento y operaciones con drones dentro de las fuerzas de apoyo rápido.

¿Cuál es el vínculo de exmilitares colombianos con la guerra en Sudán?

Lynch explicó que el conflicto inició en abril de 2023 entre el Gobierno de Sudán y las fuerzas rebeldes. Señaló que “los mercenarios colombianos comenzaron a ser contratados” por empresas en Emiratos Árabes Unidos para integrarse a las fuerzas de apoyo rápido en la región de Darfur. Indicó que estos grupos “surgieron de las milicias Janjaweed”, vinculadas a hechos ocurridos en 2003. Según la investigación, los colombianos participaron en tareas como reclutamiento, entrenamiento y manejo de drones. Añadió que el informe se construyó con información pública que permitió rastrear su actividad y establecer que “estaban facilitando crímenes de guerra”.

¿Cuánto les pagan a los mercenarios colombianos en Sudán?

De acuerdo con Lynch, el pago a estos combatientes es de aproximadamente “3.000 dólares al mes”. Indicó que la mayoría no corresponde a altos rangos militares, sino a soldados y personal con funciones básicas. Afirmó que “no son militares de alto rango” y que varios “eran personal médico”. Señaló que muchos aceptaron por motivos económicos y que, en algunos casos, inicialmente “fueron coaccionados y engañados”. Sin embargo, sostuvo que con el tiempo “saben lo que está ocurriendo”, por lo que atribuyó responsabilidad en los hechos documentados.

¿Cómo se realiza el reclutamiento de colombianos para el conflicto?

El director de la organización indicó que el proceso de reclutamiento ocurre principalmente a través de “grupos de WhatsApp” integrados por exmilitares colombianos. Explicó que los contratados viajan desde Bogotá hacia Emiratos Árabes Unidos o hacia África. Detalló que algunos reciben entrenamiento en drones, mientras otros son trasladados a una base en Somalia. Señaló que “llegan a una base militar” y que desde allí son desplegados en operaciones. También mencionó que autoridades de Estados Unidos han sancionado a un ciudadano colombiano vinculado con estas actividades.

¿Participaron en combates y en hechos registrados en Darfur?

Lynch afirmó que existen registros que muestran participación directa en combates. Indicó que “hemos visto videos de eso” y que además se ha confirmado su intervención en reclutamiento y operaciones con drones. Explicó que la investigación identificó conexiones a redes Wi-Fi relacionadas con drones, lo que permitió verificar estas actividades. Sobre la ciudad de Al-Fasher, sostuvo que “han estado en la ciudad” y que esta zona ha sido escenario de crímenes documentados por instancias internacionales. Añadió que las fuerzas en las que operaban “tomaron la ciudad” y que su participación fue determinante en esas acciones.

En cuanto a la financiación, Lynch señaló que los pagos provienen de organizaciones e individuos ubicados en Emiratos Árabes Unidos. Indicó que existe un patrón en el que empresas vinculadas a ese país contratan combatientes extranjeros. Explicó que un exmilitar colombiano ha sido sancionado por su relación con estas redes. Añadió que estos mecanismos permiten vincular a exintegrantes de la fuerza pública colombiana con operaciones en distintos países. Según dijo, esta dinámica responde a la demanda de personal para ejecutar operaciones en el exterior.

Finalmente, Lynch rechazó la idea de que los combatientes actúan en defensa de valores democráticos. Señaló que “eso no es así” y afirmó que las fuerzas con las que operan han cometido “crímenes de guerra”. Indicó que estos hechos han ocurrido durante años y que podrían derivar en procesos judiciales. Concluyó que los involucrados “podrían ser juzgados” por su participación en el conflicto.


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