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Cinco meses después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera una demanda de la Procuraduría General de la Nación contra el contrato que Colombia firmó con Portugal para fabricar los pasaportes colombianos, el proceso judicial sigue estancado. Esta semana el tribunal tomó una decisión clave para destrabarlo.
El Ministerio Público busca la “nulidad absoluta” del convenio internacional. El Tribunal admitió la demanda el 20 de octubre, lo que debía darle paso a su estudio formal. El Gobierno presentó una reposición que el tribunal resolvió en diciembre. La Cancillería insistió, y el tribunal tuvo que pronunciarse nuevamente el 9 de marzo.
La Procuraduría, en noviembre de 2025, pidió como medida cautelar suspender los giros que el Estado se comprometió a pagarle a Portugal. El problema es que, entre recursos del Ejecutivo, para el tribunal era imposible responder. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Exteriores alegó una cláusula contractual.
Según la Cancillería, el Tribunal Administrativo no tiene jurisdicción ni competencia para tramitar el litigio porque el punto 25 del convenio colomboportugués determina que todas las controversias deben ir a un tribunal de arbitramento internacional. Y que tampoco hubo una conciliación extrajudicial en el Ministerio Público.
El tribunal, en términos simples, contestó que las reposiciones no son el momento adecuado para proponer una excepción previa, una figura que esencialmente frena las disputas jurídicas por motivos como una falta de competencia. “El despacho se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo”, zanja un auto de diez páginas.
El tribunal despeja el camino para estudiar la demanda de la Procuraduría
Frente a la aparente falta de conciliación, el magistrado José Élver Muñoz anotó que la nulidad es “un juicio de legalidad que debe hacer el juez de lo contencioso administrativo”, no una riña que requiera de un tercero para mediar. La Procuraduría actúa en defensa del patrimonio público, no de intereses particulares.
La fase siguiente es decidir sobre la eventual suspensión de las transferencias monetarias a Portugal. En diciembre de 2025, en ocho páginas, el procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, añadió la solicitud a la demanda que el tribunal tramita para posiblemente tumbar el convenio.
El Ministerio Público demandó la alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa porque el Gobierno no adelantó una licitación pública para seleccionar al país europeo. Ahora pide que, mientras la justicia llega a una decisión de fondo, el Tribunal Administrativo pause los pagos que el Gobierno nacional acordó.
La Cancillería colombiana se comprometió, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a desembolsar más de 1,3 billones de pesos, en medio de una "deficiente estructuración económica del convenio", aseveró la Procuraduría.
"Siendo así, se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio", como los giros prometidos.
Actualmente, los pasaportes son responsabilidad de Thomas Greg & Sons, pese a los intentos del presidente Gustavo Petro y de sus exministros de Exteriores —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia— de arrebatarle la labor a la multinacional.
La petición de frenar pagos a Portugal y el contrato vigente con Thomas Greg
La Cancillería declaró en agosto de 2025, por segunda vez desde 2023, la urgencia manifiesta para extender las tareas de Thomas Greg hasta abril de 2026, mientras afina los detalles del convenio con Portugal, que está en jaque en el Tribunal Administrativo
El Ministerio Público, por su parte, sancionó a Álvaro Leyva con diez años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Thomas Greg & Sons ha diseñado ininterrumpidamente las libretas desde 2007, y la administración de Petro ha fracasado en su intento de evitarlo.
El Gobierno buscaba que Thomas Greg no fuese el único oferente para fabricar los pasaportes, lo que desencadenó varios líos jurídicos desde 2023. Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación, y Thomas Greg demandó al Estado.
La Fiscalía ahora espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente acusador le imputó prevaricato el 9 de diciembre por "proferir varios actos administrativos contrarios a derecho".
El conflicto por la fabricación de los pasaportes les ha costado el cargo a varios miembros del gobierno de Petro. La primera en salir fue Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y actual fórmula vicepresidencial del candidato Roy Barreras.
Zamora se convirtió en una testigo clave contra Leyva en la Procuraduría. El excanciller la trató de forma irrespetuosa porque ella buscaba una conciliación que le evitara al Estado un pago millonario a Thomas Greg por el fin intempestivo de la licitación de los pasaportes.
Las caídas en el Gobierno por la crisis de los pasaportes
En agosto de 2025, el Ministerio Público suspendió a Alfredo Saade, quien se desempeñaba como jefe de Despacho Presidencial. Petro lo conservaba en el cargo incluso un mes después de que Laura Sarabia renunciara a la Cancillería.
La Procuraduría revocó la suspensión de Saade en septiembre, pues ya no era un funcionario público. El ente de control sigue investigándolo por aparentes "conductas indebidas" para presionar la firma del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal.
Sarabia dimitió del Ministerio de Exteriores en julio, luego de ser la mano derecha del presidente Petro. Ahora es embajadora en Reino Unido. Dejó su puesto en medio de confrontaciones con Saade por la adjudicación del contrato de los pasaportes.
El jefe de Estado presentó en febrero de 2026 el nuevo modelo de las libretas. Se pondrá en marcha desde el primero de abril, cuando termine el contrato con Thomas Greg, y será responsabilidad de la Imprenta Nacional.
Un mes antes la Contraloría le advirtió a la Cancillería de prórrogas y retrasos en el cumplimiento de los términos fijados para implementar el modelo, además de incremento en los costos operativos y la financiación, y demoras en la importación de las máquinas que producirán los pasaportes.
