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La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencia de imputación contra el excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción, en medio de los problemas legales que causó la fallida licitación para elaborar los pasaportes.
Ya la Procuraduría sancionó con una inhabilidad de diez años al exministro de Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, por las jugadas que aspiraban a sacar del camino a Thomas Greg & Sons, la empresa que desde 2007 ha diseñado ininterrumpidamente las libretas.
El Gobierno buscaba que Thomas Greg no fuese el único oferente, lo que desencadenó varios líos jurídicos desde 2023. Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación, y Thomas Greg demandó al Estado.
Al final, el contrato ha seguido amarrado a la multinacional. El Gobierno ha declarado urgencia manifiesta mientras afina los detalles de un convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal que la Procuraduría ya demandó.
La Fiscalía ahora espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente acusador asegura que el exfuncionario "sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho".
El conflicto por la fabricación de los pasaportes les ha costado el cargo a varios miembros del gobierno de Petro. La primera en salir fue Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.
Zamora se convirtió en una testigo clave contra Leyva en la Procuraduría. El excanciller la trató de forma irrespetuosa porque ella buscaba una conciliación que le evitara al Estado un pago millonario a Thomas Greg por el fin intempestivo de la licitación de los pasaportes.
Leyva fue el segundo. La Procuraduría lo suspendió mientras lo investigaba, y luego lo llamó al juicio con el que finalmente lo inhabilitó. El presidente Petro no lo defendió, así que desde entonces el bogotano se convirtió en un acérrimo opositor.
En agosto de este año, el Ministerio Público suspendió a Alfredo Saade, quien se desempeñaba como jefe de Despacho Presidencial. Petro lo conservaba en el cargo incluso un mes después de que Laura Sarabia renunciara a la Cancillería.
La Procuraduría revocó la suspensión de Saade en septiembre, pues ya no era un funcionario público. El ente de control sigue investigándolo por aparentes "conductas indebidas" para presionar la firma del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal.
Sarabia dimitió del Ministerio de Exteriores en julio, luego de ser la mano derecha del presidente Petro. Ahora es embajadora en Reino Unido. Dejó su puesto en medio de confrontaciones con Saade por la adjudicación del contrato de los pasaportes.
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