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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó al senador tolimense Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, a responder en una diligencia de indagatoria el 20 de enero de 2026 a partir de las nueve de la mañana.
El magistrado Marco Antonio Rueda Soto investiga al congresista por los presuntos delitos de cohecho propio y tráfico de influencia. El togado iba a escuchar a Barreto esta semana, pero la defensa del senador solicitó un aplazamiento.
La Sala abrió una investigación contra Barreto en julio por su presunta participación en el caso 'las Marionetas 2', una extensión del entramado de corrupción y desvío de contratos que lideró el fallecido exsenador liberal Mario Castaño.
El reconocimiento de las responsabilidades
Castaño reconoció ante la Corte Suprema haber sido líder de una red criminal que acordó, entre 2020 y 2022, desviar contratos de obras públicas para sacar coimas. Falleció en noviembre de 2023 por un infarto agudo de miocardio, mientras pagaba su condena.
El modus operandi de Castaño, al parecer, se replicó en el Departamento de Prosperidad Social (DPS). La Sala de Instrucción investiga el direccionamiento indebido de contratos en la entidad a cambio de coimas o apoyo electoral.
La investigación ha tenido avances y estanques. En diciembre de 2023 la Corte ordenó capturar al senador uribista Ciro Ramírez, del Centro Democrático, como sospechoso de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la Sala de Instrucción, Ramírez habría aprovechado su cargo para torcer trece contratos de obras en Quindío y Tolima, beneficiándose con coimas. El contratista Anderson González y la exasesora de Ramírez Katherine Rivera están en juicio por el mismo caso.
El caso continúa
Ramírez permaneció en la cárcel La Picota un año y cuatro meses. La Corte Suprema ordenó su libertad en mayo de este año, considerando que ya recopiló todas las pruebas en su contra. Ramírez aún está procesado y sigue en el Senado, a la espera de una sentencia.
La Fiscalía ha acusado a cinco implicados, incluyendo a Anderson González y Katherine Rivera. Uno de ellos es Andrés José Ospina Rosales, quien presuntamente concertó con el senador Miguel Barreto y el exdirector del DPS Pierre García la adjudicación de varios contratos.
Ser el aparente beneficiario de la gestión de Barreto en los convenios provocó que la Fiscalía compulsara copias para que la Corte Suprema investigue al congresista conservador, quien además enfrenta desde 2022 un juicio por falsedad en documento público y fraude procesal.
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