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Asesinato de lideres sociales y excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc, desplazamiento y confinamiento obligatorios por la violencia, la creación de grupos de disidencia, el fortalecimiento de guerrillas como ELN y paramilitares, son los escenarios cotidianos en las regiones más apartadas del país, donde la violencia continúa después de la firma de los acuerdos de paz y la desmovilización de las Farc.
Cauca y Nariño: una paz por poco tiempo
En algunos territorios del departamento del Cauca se escucha decir que “la paz y tranquilidad que dejaron los acuerdos fue por poco tiempo”.
El alcalde del municipio de Argelia, Jonathan Patiño, dijo que la no implementación de los acuerdos de paz está provocando una reactivación del conflicto.
"El gobierno nacional no reconoce que existe un conflicto y se debe reconocer para encontrarle una salida. Y también debe existir mucha inversión social para poder atender las necesidades de las comunidades”, expresó el mandatario.
Algo similar ocurre en el departamento de Nariño, donde el panorama según dicen sus habitantes, “es de tristeza y desolación”.
“Son más las guerras, las persecuciones, son más las muertes de líderes y de personas de las comunidades. Desde el departamento de Nariño seguimos anhelando esa paz que nos merecemos”, manifestó Gloria Maya de la Ruta pacífica de Mujeres en Nariño.
Antioquia, falta de seguridad y garantías para líderes sociales
Por su parte, el Proceso Social de Garantías consideró que a cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz, son tres las principales preocupaciones en Antioquia: "la falta de garantías y seguridad para los líderes sociales y los excombatientes de las Farc, la lentitud en la implementación de algunos puntos como el acceso a las tierras por parte de los campesinos y el incumplimiento en los programas de sustitución de cultivos ilícitos”.
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El vocero de la ONG, Óscar Yesid Zapata, advirtió que los defensores de Derechos Humanos están en permanente riesgo por el accionar de los grupos armados ilegales. Según las cifras, este año ya se reportan 18 líderes asesinados solo en esa región del país
“Faltan estrategias de seguridad claras y efectivas para proteger la labor de los Defensores de Derechos Humanos y de los excombatientes de las Farc. No hay una voluntad del Estado para dar garantías de seguridad y no repetición”, dijo.
Por su parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruíz, reconoció existen obstáculos para la implementación.
“La persistencia de la violencia en varias regiones del país es uno de los mayores obstáculos que aún enfrentamos en la consolidación de la paz. Esa violencia en contra de los excombatientes, las comunidades, los líderes sociales, los defensores de Derechos Humanos, pero también contra la fuerza pública”, puntualizó.
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Desde la Unidad de Víctimas del Atlántico señalan que los avances han sido lentos en materia de reparación integral.
“De las 250 mil personas que se han declaradas víctimas del conflicto armado en este departamento, solo el 15% ha logrado obtener la indemnización económica, lo que representa una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos para la vigencia 2021”, según señala Alfredo Palencia, director territorial de la Unidad de Víctimas.
Palencia también habló de la reparación psicosocial de las víctimas, quienes en muchas ocasiones "permanecen con el odio y se resisten a perdonar, no se han involucrado de forma positiva a la sociedad porque la violencia permanece en sus mentes".
El proceso de paz está en riesgo, dicen desde Bolívar
Representantes del proceso pacífico de reconciliación e integración de la Alta Montaña manifestaron que el proceso de paz hoy por hoy está en riesgo.
"Nosotros desde el proceso pacífico de la Alta Montaña y como plataforma de construcción de paz de los Montes de María podemos decir que los avances en la implementación del proceso de paz son bastante nulos, no se ven las acciones que se hayan hecho para reafirmar ese acuerdo que busca una paz estable y duradera", dijo Jorge Montes, coordinador general del proceso pacífico de reconciliación e integración de Alta Montaña.
También dijo que no avanza el proceso de reparación a las víctimas de los Montes de María.
"La implementación del acuerdo es una farsa, o sea salir a hablar de paz con legalidad y que se está trabajando en las comunidades víctimas, y hablo por la Alta Montaña, no hay inversión social, que es el primer punto del acuerdo, y eso realmente solo se quedó en el papel".
El alcalde del municipio de Turbaco en Bolívar, Guillermo Torres, quién es un excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc, manifestó que, la paz tiene que ver con la solución de los problemas sociales, porque según su criterio son la causa principal de la violencia armada.
"Si no están resolviendo los problemas sociales, jamás habrá solución de la violencia armada, la violencia de los fusiles, de las bombas, es que la violencia de las balas tiene una causa fundamental y es la miseria", aseveró.
"Hay algo que hay que parar aquí, en particular con el proceso de paz, es que hay que dejar de matar a los excombatientes, porque en este proceso de paz han muerto más de 280 excombatientes y eso hay que pararlo".
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Menos del 10% de cumplimiento en el Valle del Cauca
Alfredo Mondragón, líder social de Cali reconoce que la intensidad del conflicto armado ha venido disminuyendo y que, a pesar de los incumplimientos, la paz le ha servido al país.
Sin embargo, Lina Tabares, asesora de paz de la Alcaldía de Jamundí, municipio al sur del Valle del Cauca que padeció el accionar criminal de los paramilitares y de las Farc, por su cercanía con el norte del Cauca, asegura que los acuerdos no llevan ni el 7% de implementación.
“Dentro de las cosas que se dice es que Jamundí no es un municipio pobre. Como no lo somos no nos incluyeron y nos dejaron por fuera de muchas ventajas o acciones para implementar los acuerdos”, aseguró la funcionaria.
Esta situación habría generado que en Jamundí, se incremente los desplazamientos, las masacres, las víctimas y el resurgir del conflicto por la presencia de las disidencias, especialmente la ‘Jaime Martínez’ que delinque entre esa línea imaginaria que divide a los dos departamentos.
Tanto Mondragón como Tabares piden la implementación de los acuerdos de paz en su cabalidad, porque consideran que sólo de esa forma se puede erradicar la violencia rural que ha venido afectando a Colombia desde hace décadas.
Incumplimiento en compromisos en el Quindío
Tras cinco años de la firma de los acuerdos de La Habana, víctimas del conflicto armado en el Quindío advierten que el balance es negativo y que son muchos los compromisos que no se han cumplido, entre ellos los procesos de protección ante amenazas.
Maicol Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Víctimas Camino a la Reparación, manifestó que se han ido destruyendo las promesas en cuanto a aspectos relacionados con los campesinos, la reforma rural, la participación en política y la reparación integral, de igual manera calificó como un fracaso la implementación de la política publica para esta población.
“Las víctimas que han podido salir adelante lo han hecho de manero autónoma, pero la implementación de la política pública en términos de eficacia ha sido un fracaso, no solo para el departamento sino para el país”, expresó el líder de las víctimas.
En cuanto a la seguridad de las víctimas del conflicto armado, María Clementina Murillo señaló que no ha vuelto ha recibir amenazas, pero expresó que es triste que los mecanismos de protección como el telefono celular, el botón de pánico y las rondas de policía no sean como se espera.
“En el caso mio que tengo una movilidad reducida, un teléfono no me va a proteger, uno oprime el botón de emergencia y a los tres o cuatro días aparecen a preguntarme qué me pasó y las rondas de policía en la vivienda son por ahí cada mes”, manifestó María Clementina
Maicol Martínez expresó que las denuncias que se han hecho por amenazas, no se ha tenido respuesta oportuna por parte de las enticades encargadas de investigar estos temas, en cuanto a la evolución de los procesos o en qué han terminado.
Revictimización para los excombatientes en el Huila
Edna Rocío Pinto Serrato, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, dijo cómo ha sido el impacto en la región para las víctimas del conflicto, según la líder las garantías y la importancia que ha debido tener esta población han sido muy pocas.
En el momento en el que se firmó el Acuerdo, las víctimas del conflicto armado guardaban la esperanza de por fin ser reconocidos, pero, al contrario, existe en la actualidad una percepción de revictimización y desigualdad aduciendo que posterior al proceso los victimarios han sido los que mayormente han ganado beneficios que a las víctimas no se les han otorgado.
El sinsabor en la población víctima del conflicto es que en el departamento solo el municipio de Algeciras, hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET, cuando municipios como Colombia, Saladoblanco, Oporapa, Campoalegre y hasta la zona rural de Neiva también han sido seriamente golpeados por el conflicto armado, contrario a lo que ha sucedido en el Caquetá en donde 15 de sus poblaciones han sido incluidas en los PDET.
Y es que vale la pena recalcar que el Huila pasa por un momento crítico por todo lo que sucede en Algeciras y en otros municipios. “En nuestro departamento sólo se han tenido en cuenta las víctimas de corbata, el Acuerdo lo están manejando detrás de un escritorio”, dijo Pinto Serrato.
Asimismo, aclaró que se ha avanzado en los Casos 01 y 07, reclutamiento y desaparición forzada respectivamente. “No estamos en contra del proceso de paz, estamos exigiendo una verdad, justicia y una reparación integral para todas las víctimas”, concluyó la representante de la Mesa de Víctimas en el Huila.
* Con información de los corresponsales
