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Las mujeres que denuncian hechos de violencia en Colombia pueden enfrentarse a dificultades para recibir atención oportuna, acceder a medidas de protección o conocer los avances de sus casos. Frente a esta situación, un proyecto de ley busca mejorar la respuesta de las instituciones y establecer mecanismos para identificar responsabilidades cuando se presenten fallas en la atención.
La propuesta pretende que las entidades encargadas de atender y proteger a las víctimas trabajen de manera coordinada, con responsables definidos, tiempos de respuesta y herramientas para hacer seguimiento a cada proceso.
¿Qué propone el proyecto de ley ‘SOS Mujer’?
La iniciativa contempla la creación del Sistema Integrado de Atención Exclusiva y Protección Efectiva a las Mujeres Víctimas de Violencia, cuyo objetivo es articular a las instituciones que intervienen en la recepción de denuncias, la atención y el acompañamiento de las víctimas.
El proyecto propone que el Ministerio de Justicia y del Derecho sea el encargado de dirigir este sistema para mejorar la coordinación entre las autoridades y establecer responsabilidades claras.
La medida busca responder a situaciones como la falta de equipos interdisciplinarios en algunas comisarías de familia, las dificultades para garantizar atención durante la noche y la ausencia de seguimiento efectivo a las medidas de protección.
La propuesta fue radicada por el senador Héctor Olimpo Espinosa, quien explicó que el objetivo es garantizar que los derechos existentes se cumplan mediante mecanismos de seguimiento, responsables definidos y recursos para sostener la atención.
SALVIA tendría respaldo legal para garantizar su continuidad
Otro de los puntos centrales es el fortalecimiento del sistema SALVIA, que cuenta con un centro de monitoreo, herramientas para identificar riesgos de feminicidio, enlaces territoriales y mecanismos para activar medidas de emergencia.
Según la exposición de motivos, esta herramienta enfrenta dificultades relacionadas con la definición de su dirección institucional y la garantía de recursos para mantener su funcionamiento.
Por eso, el proyecto busca darle respaldo legal, asegurar su continuidad más allá de los cambios de gobierno y establecer la obligación de las entidades competentes de articularse con el sistema.
La intención es aprovechar las herramientas existentes para identificar situaciones de riesgo, facilitar la activación de las rutas de atención y mejorar el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres.
Un número único para consultar el estado de las denuncias
La iniciativa también plantea crear el Número Único de Caso de Violencia de Género, un mecanismo que permitiría identificar cada proceso durante su paso por las distintas entidades encargadas de atenderlo.
Actualmente, una misma denuncia puede involucrar a varias instituciones, cada una con sus propios procedimientos y números de radicación. La propuesta busca conectar esos registros mediante un identificador común, sin reemplazar los sistemas internos de cada organismo.
De esta manera, las mujeres podrían consultar el estado de sus casos y conocer los avances de la respuesta institucional sin depender exclusivamente de intermediarios. También sería posible identificar retrasos y dificultades en las actuaciones de las autoridades.
Comisarías de familia: el proyecto busca garantizar recursos
El fortalecimiento de las comisarías de familia es otro de los ejes de la propuesta, debido a su papel en la atención de situaciones de violencia intrafamiliar y en la adopción de medidas de protección dentro de sus competencias.
De acuerdo con las cifras incluidas en la exposición de motivos, completar los equipos interdisciplinarios de estas entidades representaría una inversión anual de 138.174 millones de pesos, equivalente al 39,7 % del costo total estimado del proyecto.
La iniciativa busca avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 2126 de 2021, cuyos plazos de implementación vencieron en agosto de 2023, aunque persisten dificultades para cumplirlas de manera generalizada en el país.
Para ello, plantea establecer criterios objetivos para calcular y distribuir los recursos, teniendo en cuenta las necesidades de los territorios y la capacidad de atención de estas entidades.
¿Qué sigue para el proyecto ‘SOS Mujer’?
La iniciativa reúne cuatro componentes: una entidad responsable de coordinar el sistema, respaldo legal para garantizar la continuidad de SALVIA, un número único para hacer seguimiento a los casos y recursos para fortalecer la atención.
Por ahora, el proyecto deberá superar los debates correspondientes en el Congreso de la República antes de convertirse en ley. Por tanto, las medidas propuestas todavía no constituyen nuevas obligaciones vigentes por cuenta de esta iniciativa.
