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Ricardo Giraldo, abogado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), habló en primicia en La FM sobre la decisión del Gobierno relacionada con la suspensión de órdenes de captura y la exclusión de personas con solicitudes de extradición dentro del proceso de zonas de ubicación temporal. También se refirió a la controversia por las órdenes de suspensión de captura emitidas a 29 integrantes del llamado EGC o Clan del Golfo, así como a las zonas de ubicación con las que el Gobierno busca concentrar a cerca de 400 hombres en armas en junio en los departamentos de Córdoba y Chocó.
¿Quién define los integrantes de las zonas de ubicación temporal?
Giraldo afirmó que, en su lectura inicial, “parece que el gobierno negoció consigo mismo”, al considerar que las decisiones no fueron concertadas con la delegación. Explicó que “quien decide qué personas entran y quiénes no entran” es el estado mayor conjunto, y señaló que este tipo de determinaciones “debería concertarse primero”.
El abogado indicó que las comunicaciones sobre el proceso deben darse por canales formales y no por medios informales. “No le presto atención a lo que se comunica por redes sociales”, dijo, y agregó que espera información oficial a través de la delegación del Gobierno y los países mediadores.
Sobre la definición de los nombres incluidos en las solicitudes, Giraldo explicó que el canal utilizado fue el coordinador de la delegación gubernamental. Señaló que existe “potestad por parte del presidente mediante decreto” y reiteró que las decisiones deben comunicarse oficialmente.
Frente a la exclusión de personas con extradición, indicó que existe una “línea roja”, pero sostuvo que también lo es el hecho de que “el estado mayor conjunto determina qué personas ingresarían” a las zonas de ubicación.
¿Está en riesgo la negociación con el EGC por exclusión de extraditables?
Giraldo aseguró que la decisión no implicaría una ruptura inmediata del proceso. “Parar una mesa de negociación no debería ser una opción”, afirmó, aunque precisó que cualquier determinación corresponde al grupo armado.
El abogado manifestó que espera una comunicación oficial para conocer el rumbo del proceso. “Espero una notificación oficial”, señaló, al insistir en que las decisiones deben basarse en documentos formales y no en declaraciones públicas.
En relación con casos anteriores, explicó que “no es nuevo” incluir personas con solicitudes de extradición en listados. Recordó que en una resolución previa “se le suspende a todo el estado mayor conjunto”, incluyendo integrantes con ese tipo de requerimientos.
Agregó que, según su conocimiento, en el listado actual de 29 personas solo una tendría solicitud de extradición. Indicó que el procedimiento consiste en entregar un listado para que el Gobierno lo evalúe y decida. “Al Estado nadie lo obliga a que la acepte”, afirmó.
Giraldo sostuvo que la verificación de los nombres corresponde a las autoridades. “Es la fiscalía la que debe determinar quién está solicitado en extradición”, explicó, y añadió que los listados se entregan con anticipación para ese análisis.
Sobre el enfoque del proceso, señaló que el EGC “no es un grupo delincuencial”, sino un grupo armado organizado, y afirmó que “no están en un tránsito hacia la legalidad”. Indicó que han manifestado su expectativa de acceder a justicia transicional.
También, Giraldo expresó que el modelo de sometimiento no ha generado resultados. “De sometimiento en sometimiento llevamos 60 años”, dijo, al señalar que esperan una solución distinta dentro del proceso en curso.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
