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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca expresó su respaldo al Consejo de Estado tras los duros ataques y señalamientos del presidente Gustavo Petro, motivados por la suspensión de la transferencia de los 25 billones de pesos a Colpensiones.
Para la presidenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrada Patricia Salamanca Gallo, se trata de decisiones judiciales adoptadas en ejercicio legítimo de sus competencias constitucionales y legales.
“Esta Corporación comparte la preocupación expresada por el Honorable Consejo de Estado frente a los señalamientos que, desde distintos escenarios públicos, puedan desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones judiciales y a quienes las adoptan”, indicó.
Según la magistrada Salamanca en una democracia sólida, el control judicial de los actos del poder público constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y un mecanismo legítimo del equilibrio de poderes.
“Como integrante de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal reafirma que las providencias judiciales representan una expresión esencial del Estado Social de Derecho y constituyen una garantía de la democracia, la institucionalidad y la vigencia efectiva de la Constitución y la ley”, señaló el Tribunal.
Así mismo, se sumó al llamado al presidente Petro a respetar la autonomía judicial y advirtió que las decisiones de los jueces deben ser respetadas y controvertidas únicamente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.
“Hacemos un respetuoso llamado a todas las autoridades administrativas a ejercer sus expresiones y pronunciamientos con mesura, responsabilidad y respeto por las instituciones democráticas”, manifestó.
La magistrada Salamanca Gallo advirtió que el lenguaje utilizado desde los espacios de poder tiene la capacidad de construir confianza, fortalecer la convivencia y promover la paz, pero también puede profundizar la polarización y propiciar escenarios de intolerancia y violencia.
Enfatizó que resulta indispensable “preservar un debate público respetuoso, sereno y constructivo, que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones y el compromiso común con una sociedad pacífica y democrática”.
