La FM en Google News
La procuradora Margarita Cabello Blanco mostró su preocupación por el aumento considerado de las víctimas de la violencia. Según las cifras, entre diciembre de 2021 a agosto de 2022 han aumentado unas 200 víctimas del conflicto.
“Diez años después de la vigencia de la Ley de víctimas 1448, a diciembre de 2020 el registro daba cuenta de nueve millones de víctimas del conflicto armado, 25.000 en el exterior y siete millones que cumplen con requisitos para las medidas de atención y reparación. Para agosto de 2022, son 9.328 víctimas en el registro único y entre diciembre de 2021 y agosto 2022, aumentaron en alrededor de 230.000 víctimas más”, dijo Cabello.
Lea además: Masacre de Bojayá: Ordenan iniciar desde cero proceso disciplinario
También preocupa que los recursos destinados a la reparación no son suficientes. “Qué estamos haciendo mal, porque cada año sigue aumentando el número de víctimas, rebasa la capacidad institucional por nuevos factores de violencia?”, se preguntó la procuradora.
Al respecto, la Contraloría alertó por la insuficiencia de los 146 billones de pesos destinados para asistir a las más de nueve millones de víctimas reconocidas.
“Se estima que se requeriría a 2031 un presupuesto aproximado de 301 billones de pesos”, señaló la Contraloría, que también alertó al Congreso que la implementación total del Acuerdo Final tardaría 20 años y no 15 como se tenía previsto.
Lea también: Cartel de la toga: Procuraduría pidió testimonio de Luis Gustavo Moreno
“La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes Étnicos afirma que los $1.7 billones ejecutados en los últimos cinco años resultan insuficientes para la reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos, resaltando con preocupación que solo el 1% del presupuesto para víctimas indígenas se dirige a las medidas de protección y prevención, y para los pueblos negros y afrocolombianos no se evidencian recursos para estas medidas”, se lee en un comunicado conjunto entre Defensoría, Procuraduría y Contraloría.
La preocupación se dio a conocer en medio de la entrega del informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de víctimas.
