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En las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de que la fiscal general renunciaría a su cargo. ¿Qué hay detrás de esto y qué dicen las fuentes cercanas a la fiscal?
Los Secretos de D'Arcy Quinn revelaron que la fiscal no va a renunciar y que terminará su periodo. La especulación salió de una situación personal con su esposo, que pasó por un tema de salud delicado, del que ya salió y se encuentra bien, y quizá de conversaciones de ella con personas cercanas y preocupaciones frente a la que sería su relación con el presidente Abelardo de la Espriella.
Pero la realidad es que, tras sus reuniones con el primer mandatario, cualquier preocupación ha sido disipada. El presidente, en sus dos encuentros, le dejó claro que respeta la división de poderes y que no está buscando tener su propio fiscal, que cada uno haga su trabajo de manera independiente. Así que la fiscal tiene tranquilidad familiar e institucional para seguir hasta terminar su periodo, y le quedan un poco menos de dos años más. Ahí, el presidente podrá enviar una terna a la Corte Suprema de Justicia.
La segunda mujer al frente de la Fiscalía, con un pasado que no deja indiferente
Luz Adriana Camargo Garzón (Bogotá, 13 de octubre de 1965) es abogada colombiana, especialista en derecho penal y criminología, y desde el 22 de marzo de 2024 se desempeña como Fiscal General de la Nación para el periodo 2024-2028. Es la décima persona en ocupar el cargo y la segunda mujer, después de Viviane Morales. Se formó en el colegio María Mazzarello y se graduó como abogada de la Universidad de La Sabana (1982-1986); luego cursó una especialización en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Libre (1989-1990). Inició su carrera en la Rama Judicial como oficial mayor de un juzgado superior de Bogotá y como juez de instrucción criminal (1987-1989). En la Fiscalía fue fiscal auxiliar y, entre 2003 y 2004, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde dirigió investigaciones por corrupción contra ministros, gobernadores y miembros de la misión diplomática.
Entre 2005 y 2014 fue magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, donde integró la Unidad Especial de Investigación creada para esclarecer la infiltración paramilitar en el Congreso —el escándalo de la parapolítica— y la Unidad de Investigación Especial de Aforados, encargada de judicializar delitos contra la administración pública, el erario y la integridad personal.
Entre 2014 y 2017 encabezó el Departamento de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG-ONU), junto a Iván Velásquez Gómez, y presentó casos contra redes político-económicas, incluido el del expresidente Otto Pérez Molina. Después fue perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultora de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y asesora de organizaciones de derechos humanos en el análisis de violencia contra líderes sociales tras el Acuerdo de Paz.
El presidente Gustavo Petro la incluyó en la terna enviada a la Corte Suprema —en reemplazo de Luz Amparo Cerón— y el 12 de marzo de 2024 la Sala Plena la eligió con 18 de 23 votos, en un proceso marcado por retrasos, protestas y la renuncia de otra candidata. Sucedió a Francisco Barbosa y asumió con el compromiso de preservar la independencia de la Fiscalía.
En el cargo ha impulsado concursos de mérito para fiscales, mecanismos de justicia restaurativa y la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional. Su gestión se ha visto tensionada por su cercanía con Velásquez —ministro de Defensa de Petro— y, en junio de 2025, por una orden de captura emitida en Guatemala por su trabajo en la CICIG, que Colombia no ha ejecutado.
