Víctimas del escándalo en la UNGRD exigen capturar a Carlos Ramón González

Este llamado urgente fue realizado por parte del abogado Pablo Bustos.
Carlos Ramón González
La defensa de Carlos Ramón González afirma su inocencia y rechaza cargos en escándalo de corrupción en la UNGRD. Crédito: Colprensa

La comunidad indígena wayúu hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que, acorde a los tramites de ley, solicite emitir orden de captura en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán.

Lo anterior con el fin de que comparezca a las audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento que fueron convocadas en su contra por estar presuntamente implicado en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.

Este llamado urgente fue realizado por parte del abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien actúa como representante civil de la comunidad indígena wayúu, acreditada como víctima formal en el marco de este entramado de corrupción.

“Él fue indudablemente la cabeza para el saqueo del erario público, la manipulación de decisiones al interior del Congreso de la República y la eventual injerencia en otros procesos electorales con (exconsejeras para las regiones) Sandra Ortiz, al decir de esta misma”, indicó el abogado Bustos.

De igual forma, planteó que es necesario que se amplíe la imputación de cargos que prepara la Fiscalía y se le formule el delito de concierto para delinquir, debido a que fue una de las piezas clave en todo esta red de corrupción que se gestó desde el Gobierno Nacional.

“Una orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, y exdirector de Inteligencia de la misma Presidencia de la República. A su vez, solicitará, se le endilgue además de los delitos o injustos penales que ya le anuncia la Fiscalía, de igual forma el delito de concierto para delinquir”, indicó el abogado Bustos.

Ante la gravedad de los hechos investigados y las evidencias recolectadas por los agentes de policía judicial la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia formulará imputación de cargos al exdirector del Dapre y exdirector nacional de inteligencia como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

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La FM de RCN Radio conoció que para tomar esta decisión fueron clave toda una serie de pruebas que ha venido practicando la Fiscalía entre ellas el rastreo bancario, financiero y la búsqueda selectiva en base de datos a los abonados telefónicos celulares de Carlos Ramón González, cuyas diligencias fueron avalados, recientemente por la Corte Suprema de Justicia.

En desarrollo de este proceso, tanto Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad, han aportado una serie de evidencias que presuntamente vinculan a este exfuncionario del Gobierno Nacional con estos graves hechos de corrupción en materia de contratación.

En el transcurso de las audiencias de judicialización contra los implicados en este caso, la fiscalía mencionó que por ejemplo, Olmedo López se reunió en septiembre del 2023 con Carlos Ramón González en el Palacio de Nariño, en donde el entonces director del Dapre ordenó que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos para beneficiar a los hoy capturados congresistas Iván Name ($60.000.000) y Andrés Calle ($10.000.000).

En la lectura de la transcripción de los audios, la fiscal delegada dio a conocer que Carlos Ramón González respaldó a Olmedo López como director de la UNGRD, pues eran conscientes de la situación de las reformas en el Congreso. Por esa razón, supuestamente se impartió la orden de entregar los 1.000 millones de pesos Andrés Calle y los 3.000 millones de pesos Iván Name.

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Esta decisión también se suma a las ocho nuevas imputaciones y solicitud de medida de aseguramiento que realizará el próximo 27 de mayo contra otros ocho implicados en este entramado de corrupción, entre ellos contra Cesar Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.


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