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La juez octava penal especializada de Bogotá reconoció como víctimas a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional de Protección, la Contraloría General, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pero le negó acreditar esa condición al abogado de la comunidad indígena wayuu, dentro del proceso en el que se le acusa a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz por el entramado de corrupción de la UNGRD.
Claudia Maritza Mora Niño, abogada de la Unidad Nacional de Protección solicitó ser reconocida como víctima tras advertir que habría utilizado en 2023 el vehículo de la UNP asignado para su seguridad para el transporte de dineros que sirvieron como soborno a congresistas.
“La buena fe desplegada por la entidad se ha visto lacerada, los hombres y vehículos que concede la UNP se derivaron única y exclusivamente para la seguridad de la funcionaria y no para otros fines”, dijo la abogada Mora Niño.
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En el caso de la Red de Veedurías como representante de la comunidad indígena wayuu la juez concluyó que los delitos por los que es imputada Ortiz no afectaron de manera directa a esa comunidad en lo expuesto en este expediente judicial, sino que hacen parte de otros procesos relacionados con esta macro - investigación.
De acuerdo con la juez, en este caso no se está cercenando el derecho de las víctimas que posteriormente, si logran una acreditación podrán ser nuevamente reconocidas.
Tras la apelación sustentada por el abogado Pablo Bustos, le corresponde ahora a Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revisar este caso y determinar si mantiene o revoca esta determinación.
Esta acreditación de víctimas se realizó en el marco de la audiencia convocada para la acusación formal contra la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz, investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La vinculación de Ortiz en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se debe a una serie de pruebas que demuestran su implicación en un esquema de sobornos.
Según la Fiscalía, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, la suma habría sido transportada y entregada a Iván Leonidas Name Vásquez, quien fue el presidente del Congreso de la República como parte de un pago de coimas.
Para el ente de control, Ortiz habría incurrido en un concurso de conductas punibles, lo que podría derivar en una condena por lavado de activos, el delito con la pena más alta de los que enfrenta. Este cargo incluye una posible extensión de la sanción debido a otras conductas ilícitas imputadas, las cuales serán definidas por el juez de conocimiento en la audiencia de lectura de sentencia.
La exconsejera, actualmente está recluida en una guarnición militar y con base en el escrito de acusación, se expondría de ser hallada culpable a una pena de hasta 10 años de prisión.
Además, en el escrito de acusación de la Fiscalía, que consta de doce páginas, se incluyen graves señalamientos contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
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Según las investigaciones, González dio instrucciones para entregar contratos por un valor total de 60.000 millones de pesos a favor de Iván Leonidas Name y más de 10.000 millones de pesos a favor de Andrés David Calle Aguas expresidente de la Cámara de Representantes.
El expediente también señala que González solicitó la adición de 11.000 millones de pesos al contrato de obra No. 9677-PPAL001-727-2022, que la UNGRD ejecutaba en Repelón, Atlántico y le habría indicado a Sandra Ortiz que organizara un desayuno con Iván Name y Olmedo López para consolidar la relación y asegurar el acuerdo.
