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En septiembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Nariño concedió una tutela a las comunidades campesinas del municipio de Ancuya, en ese departamento, ordenando la suspensión de los operativos de erradicación manual forzada de cultivos ilícitos en dicho territorio y sentenciando que primero debe agotarse la implementación del programa de sustitución voluntaria de cultivos.
Los magistrados interpretaron en esa decisión que al Gobierno Nacional le correspondería agotar el Programa de Sustitución de Cultivos incluso con las personas que actualmente deseen vincularse. Y sólo si ello fracasa puede autorizarse la erradicación, previa socialización con las comunidades.
Esta interpretación ha sido controvertida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, quienes han presentado sendas insistencias ante la Corte Constitucional para que revisen esa decisión.
Defensa jurídica sentencia que habría grave afectación al patrimonio público
Dice la Agencia dirigida por Camilo Gómez Alzate que actualmente hay seis tutelas que pretenden "suspender y paralizar por completo" el programa de erradicación de cultivos, con el argumento de que no se está cumpliendo el cuarto punto del acuerdo de paz con relación a la sustitución voluntaria, y que es necesario que la Corte Constitucional unifique la jurisprudencia en ese sentido.
Pero además sentencian que "acoger una interpretación como la expuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño, haría inviable financieramente el programa, ya que en vista del déficit presupuestal que tiene el PNIS, actualmente no hay posibilidad de vincular otras familias", teniendo en cuenta que actualmente hay vinculados 99.097 beneficiarios.
"Mantener una interpretación como la expuesta por el Tribunal, generaría una grave afectación al patrimonio público, ya que obligaría al Gobierno Nacional a destinar una cantidad de recursos exorbitante para poder cumplir una orden que va en contravía de la interpretación genuina del PNIS, en armonización con las demás estrategias de lucha contra las drogas", agregan.
Procuradora advierte que podrían utilizar a los campesinos para el narcotráfico
La procuradora Margarita Cabello pidió la revisión de esa tutela, a petición de la Presidencia de la República, con el argumento de que es un asunto novedoso pues no hay precedentes respecto sobre parámetros para aplicar la sustitución voluntaria de cultivos.
Pero en su petición también sentencia que "dadas las dinámicas del narcotráfico en el país y la amplitud de la orden judicial adoptada, puede derivar en una instrumentalización de la población campesina a fin de favorecer la actividad criminal, el incremento de la delincuencia en el sur del país, así como la inadecuada implementación de la política antidrogas y el incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado sobre la materia".
