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La Alcaldía de Medellín, junto con autoridades colombianas y de los Estados Unidos, revelaron el balance de la operación Alpha Macy contra una red de pornografía infantil que delinquía en los dos países mencionados. En total, 11 personas fueron capturadas, 3 de ellas en Estados Unidos, una en Cartagena y 7 en la ciudad de Medellín. Las víctimas son adolescentes de 14 años a niños y bebés de apenas 10 meses de nacidos.
Según las autoridades, la investigación permitió identificar presuntos casos de comercialización de material de explotación sexual infantil, que habría sido adquirido por ciudadanos extranjeros. Algunas de las personas investigadas, algunos de ellos padres y madres de los menores víctimas de explotación, habrían recibido pagos de hasta 63 mil dólares por la comercialización de este material ilícito.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló detalles aberrantes del actuar del grupo criminal desarticulado producto de la investigación conjunta entre agencias de Colombia y Estados Unidos.
“Estamos hablando de material pornográfico y de material de niños de Medellín que compraban ciudadanos extranjeros, en el que inclusive transmitían violaciones en vivo para estos enfermos en Estados Unidos. Pero no sabe uno quién es más enfermo, si quien compra ese material o quien lo realiza, abusando de nuestros menores”, dijo Gutiérrez.
Las operaciones en Estados Unidos fueron lideradas por agentes federales de HSI y se desarrollaron en las ciudades de Boston, Columbus, Tucson y Fort Lauderdale. En Colombia, los procedimientos fueron apoyados por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Por último, la Alcaldía de Medellín solicitó fortalecer la cooperación internacional y las acciones contra la explotación sexual infantil, al considerar que se trata de uno de los delitos de mayor gravedad y afectación social.
Imputación a los responsables
Ante los graves hechos investigados los fiscales formularon imputación de cargos a los implicados como supuestos autores de los delitos de: explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad.
Una vez valoradas las pruebas aportadas por parte de la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento a los integrantes de esta red criminal y ordenó su envío a la cárcel.
La Fiscalía reportó que varios de los menores de edad instrumentalizados por sus padres y otros familiares fueron recuperados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
