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La Procuraduría General de la Nación detectó que la Superintendencia de Industria y Comercio práctico pruebas sin orden judicial e incluso hay dudas sobre garantías de derechos fundamentales de los interrogados en el marco de la inspección adelantada por parte de la SIC a la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
Estás hacen parte de las 16 conclusiones a las que llego la comisión extraordinaria que convocó la Procuraduría General y se trasladó hasta la sede de Naturgas con el fin de verificar la intervención de la SIC a las instalaciones de la organización sin ánimo de lucro, ante las denuncias de extralimitaciones en las atribuciones de esa Superintendencia.
En el acta de la Procuraduría sobre la visita de inspección que hizo la SIC a Naturgas se deja en evidencia que en dicho procedimiento existieron serias inconsistencias y posibles irregularidades sobre los que expresa su preocupación el Ministerio Público, las cuales son calificadas como “subjetividad”.
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“La SIC no aportó el acto administrativo que inicia la averiguación preliminar, a partir de la cual se realizó la visita administrativa iniciada el 12 de febrero de 2025. La SIC no aportó el expediente administrativo de la averiguación preliminar, vulnerando posiblemente lo dispuesto en el artículo 36 del CPACA”, indicó la Procuraduría.
Así mismo, la SIC adujo que el acto administrativo que faculta a los contratistas para la práctica de pruebas es la denominada credencial de visita. Sin embargo, la Procuraduría presenta dudas frente a qué dicho documento sea considerado como un acto administrativo.
“Se practicaron pruebas sin orden judicial. Se practicaron pruebas sin determinar la naturaleza de estas, ni los procedimientos adyacentes a cada tipo de pruebas. Las pruebas fueron practicadas por todo el “despacho”, es decir, todas las personas mencionadas en la credencial de visita”, determinó la Procuraduría.
De acuerdo con los delegados de la Procuraduría aunque la SIC aclaró que que no se encuentra en una investigación formal, se desconoce el objeto delimitado de la visita administrativa de esa superintendencia.
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“Se desconoce la legitimidad de la SIC para adelantar la práctica de pruebas sin orden judicial y en una fase de averiguación preliminar. Preocupa al Ministerio Público la subjetividad a partir de la cual se determinó las pruebas a practicar, así mismo, se advierte la no evidencia de las garantías probatorias de conducencia, pertinencia y utilidad”, concluyó la Procuraduría.
