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La Defensoría del Pueblo lanzó en las últimas horas la Alerta Temprana 028-2026, por el riesgo que corren los civiles en seis municipios del Oriente antioqueño: La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. El informe describe una disputa armada que ya no se limita a las rutas y las rentas ilegales, sino que también compiten por los jóvenes que sostienen cada bando y los forman en supuestas escuelas sicariales.
Dos estructuras, un mismo botín
Los corredores que unen el altiplano con los páramos en el oriente antioqueño, son disputados por el Frente Géner Morales del EGC y por El Mesa, grupo perteneciente a La Oficina, que llegó desde el Valle de Aburrá. Convivían sin violencia hasta que El Mesa rompió los pactos en 2024 y el EGC le declaró la “guerra”.
Desde entonces no hay combates abiertos. Según lo informado por la Defensoría del Pueblo, predominan los homicidios selectivos y las masacres, con tasas que, en Abejorral, proyectan 97,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2026. En los seis municipios se contabilizaron 419 muertes violentas entre 2020 y 2025.
Campamentos, instrucción y dinero
Aquí aparece lo más inquietante. El EGC está instalando, en zonas de retaguardia, campamentos y escuelas de formación militar e ideológica, en particular en la vereda Guadualito, en Argelia. La idea no es nueva: a finales de los ochenta, el ELN montó escuelas de formación política y militar en Río Verde de los Montes, en Sonsón.
El Mesa, por su parte, estaría llevando jóvenes del norte del Valle de Aburrá a zonas rurales para su incorporación y entrenamiento. Uno de los sitios señalados es la vereda La Honda, en El Carmen de Viboral, donde presuntamente se imparte instrucción militar. El informe lo resume como una articulación entre lo urbano y lo rural: captar, trasladar y formar.
Los métodos de captación varían: En la vereda El Palmar, en Nariño, el EGC ofrecería cerca de $2.500.000 por cada joven que se vincule. Quienes se resisten, o sus familias, reciben presión y a veces terminan desplazados. Así mismo, ya hay varias denuncias de falsas ofertas de trabajo en Medellín, que terminan en traslado y vinculación forzada, un patrón que la Defensoría invita a analizar también como posible trata de personas.
La escuela, en la mira
El Mesa mantiene expendedores de droga en las inmediaciones de colegios de El Carmen de Viboral, Sonsón y Argelia. Además, estaría arrendando casas para hacer inteligencia y organizar fiestas donde participan menores, a quienes presuntamente se les suministran sustancias psicoactivas. El terreno ya estaba abonado: según el informe de la Defensoría, 6.893 niños en edad escolar, el 20,5 %, están fuera de las aulas.
Claves de la noticia
¿Por qué aceptan los jóvenes?
La Defensoría advierte que la aparente voluntariedad no puede leerse aislada. La promesa de ingresos, reconocimiento o protección pesa mucho donde faltan oportunidades educativas y laborales, y esas condiciones restringen sustancialmente su margen de decisión.
¿Quién debe proteger los colegios?
Las autoridades del Estado, no la comunidad educativa. El informe critica los llamados “frentes de seguridad” dentro o alrededor de las escuelas porque trasladan a docentes y familias una responsabilidad que no les corresponde y desnaturalizan el carácter protector de la escuela, consagrado en la Ley 1620 de 2013.
¿Es nueva la situación de las escuelas armadas en el Oriente?
No. A finales de los años 80, los frentes del ELN instalaron un campamento en Río Verde de los Montes, en Sonsón, donde desarrollaron escuelas de formación política y militar y se convirtieron en autoridad de facto. El EGC y El Mesa repiten, con otros actores y otras economías, una práctica con historia en la región.
