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El traslado de nueve cabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá a un acto público con el presidente Gustavo Petro en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, sigue generando controversia.
Según la resolución 005208 del 19 de junio, fue la senadora Isabel Cristina Zuleta quien habría autorizado el traslado de los condenados —actualmente recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí— en su rol como Coordinadora para la Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, advirtió que esta actuación vulneraría el marco legal vigente, pues los traslados de personas condenadas deben contar con la autorización expresa del juez de ejecución de penas, lo que, al parecer, no ocurrió.
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Holguín también señaló que la situación podría comprometer al director del Inpec, al considerar que se habría incurrido en el delito de prevaricato.
Mientras los entes de control determinan si hubo irregularidades, el acto presidencial y la presencia de los condenados en el evento público ha generado una ola de indignación y reacciones políticas.
El senador Alfredo Deluque, Partido de la U, cuestionó duramente al presidente Petro por su propuesta de ofrecer beneficios jurídicos a bandas criminales a cambio del desarme y cese de violencia. “Sigue complaciendo a los delincuentes, mientras el orden público se deteriora”, afirmó.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció una supuesta “alianza” entre el Gobierno y estructuras criminales: “El país se cae a pedazos. Lo que se necesita es mano firme contra la delincuencia, y eso no lo ha tenido este Gobierno”, declaró en La FM.
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