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La juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ratificó la decisión de la juez de primera instancia y confirmó, en un fallo de segunda instancia, que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz permanecerá privada de libertad, tras su presunta participación en un desfalco ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En audiencias preliminares, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, presentó pruebas contundentes en contra de Ortiz, las cuales, según la juez, demostraron una inferencia razonable de autoría y participación de Ortiz en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Los elementos clave fueron los testimonios de los interrogatorios a Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como los chats, los datos de georreferenciación, los videos y las declaraciones de los escoltas de la exconsejera.
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Sandra Ortiz se convirtió en la primera mujer judicializada dentro de este escándalo de corrupción, que ha implicado a otras seis personas, entre ellas a Sneyder Pinilla, Olmedo López, el abogado Édgar Riveros Rey, contratistas, entre otros.
De acuerdo con la Fiscalía, Ortiz habría transportado una maleta con 3.000 millones de pesos en su camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), dinero que, según las investigaciones, fue entregado al expresidente del Senado, Iván Name, en su residencia en el norte de Bogotá.
Uno de los elementos más relevantes fue el testimonio de Olmedo López, quien implicó directamente a la exconsejera y en su declaración, aseguró que en una reunión el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, Sandra Ortiz habría pactado la entrega de contratos de la UNGRD para beneficiar al senador Iván Name.
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Además, López aseguró que Ortiz fue quien entregó los 3.000 millones de pesos a Name, dinero que presuntamente se iba a destinar para financiar la campaña política de la hija del senador, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.
