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RCN Radio conoció que Roberto Prieto Uribe fue trasladado formalmente a una guarnición militar para que cumpla la condena de cinco años de prisión impuesta en su contra por mover influencias para la entrega de contratos de infraestructura vial.
El traslado se hizo cumpliendo lo ordenado por el juzgado sexto de conocimiento de Bogotá que pidió garantizar la seguridad y protección del exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2014.
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En el fallo emitido el pasado 30 de mayo el despacho judicial aceptó la petición presentada por la defensa del empresario para garantizar su integridad física y estabilidad mental.
Esto teniendo en cuenta las amenazas e intimidaciones que recibió Prieto, hecho que afectó gravemente su salud dentro de la cárcel Modelo de Bogotá.
"No se puede hablar que se le esté concediendo un privilegio al condenado, sino que la reclusión especial se adopta a fin de proteger su integridad física y mental", precisó el juez en su determinación.
Considera que debido "a la publicidad mecánica que se le ha dado al presente caso en cuanto menos palmario que la responsabilidad moral que le asiste al condenado es mayor que a la de un interno cualquiera, dado su fácil acceso a altos funcionarios del gobierno anterior que permitieron que desplegara las conductas objeto del presente pronunciamiento".
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Considera que esta situación le conllevó a la creación de enemistades que le podrían hacer daño. "Cúmulo de situaciones que claramente hacen en este caso condiciones de reclusión normales, resulten contraproducentes en tanto que el encausado visto en primer lugar como un beneficiario del status quo y por ello claramente es contemplado como alguien con muchos recursos económicos que lo hace más susceptible a tener inconvenientes en el centro de reclusión actual, en desmedro de su situación actual de seguridad que a todas luces es bastante precaria".
En este punto se manifiesta que las afectaciones de seguridad ponen en riesgo la salud de Prieto Uribe quien fue diagnosticado con depresión severa y altos niveles de ansiedad, hecho por el cual está consumiendo antidepresivos y ansiolíticos". Debido a esta situación Prieto restringió las visitas de familiares y amigos en la cárcel.
Prieto Uribe aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo en los delitos de tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y celebración indebida de contratos.
El empresario fue procesado por haber movido sus influencias ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).
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Según la investigación, debido a sus contactos e influencia el empresario fue "designado" por la empresa Yuma Concesionaria para adelantar gestiones con el fin que dicho contrato les fuera adjudicado directamente.
Por sus labores recibió un adelanto de 650 millones de pesos, los cuales fueron cobrados por medio de una factura ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S.
En el marco de la negociación, el empresario devolvió 887 millones de pesos en cuatro depósitos como parte de la reposición por los daños y afectaciones causadas a la Nación con su conducta.
Sin embargo, no firmó ningún acuerdo de colaborar con las autoridades judiciales en las investigaciones que se adelantan por otros actos de corrupción en contratos de infraestructura y el escándalo de Odebrecht en Colombia.
