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El juez 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, decidió no enviar a la cárcel a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, pese a la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de peculado por apropiación, hechos que presuntamente ocurrieron cuando se desempeñaba como diputado del departamento del Atlántico.
La decisión judicial se produjo tras analizar los argumentos presentados, tanto por la Fiscalía como por la defensa, en el marco del proceso relacionado con el presunto direccionamiento de contratos y el manejo irregular de dineros públicos entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.
Durante la audiencia, el juez consideró que no se cumplían plenamente los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento intramural, al estimar que no existía un riesgo inminente de fuga ni una obstrucción directa a la justicia por parte del procesado. En ese sentido, determinó que Nicolás Petro podrá continuar el proceso en libertad, aunque sujeto a una serie de compromisos y controles judiciales.
Entre las medidas impuestas se encuentran la obligación de comparecer ante las autoridades cuando sea requerido, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de contacto con algunos de los implicados en el caso.
El abogado defensor de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, celebró la decisión del juez y reiteró que su cliente ha colaborado con la justicia y ha asistido a todas las diligencias procesales. Asimismo, señaló que la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de una medida privativa de la libertad en esta etapa del proceso.
Pese a quedar en libertad, Nicolás Petro continúa vinculado formalmente a la investigación por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
El proceso judicial se enmarca en el denominado caso Fucoso, en el cual la Fiscalía investiga un supuesto esquema de direccionamiento de contratos millonarios y desvío de recursos públicos durante la época en la que Petro ejercía como diputado del Atlántico. Según el ente acusador, las contrataciones habrían beneficiado a la Fundación Conciencia Social.
En este expediente también figuran como vinculados varios funcionarios de la Gobernación del Atlántico, el representante legal de la Fundación Conciencia Social y la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por la presunta apropiación irregular de recursos públicos.
