La FM en Google News
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró que el general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco incumplió de manera grave y no hizo un aporte de verdad plena sobre crímenes cometidos cuando fue comandante del Gaula en Antioquia, entre 1997 y 2001.
Ante este escenario, los magistrados de la JEP ordenaron su expulsión de ese tribunal especial y declararon que pierde todos los beneficios otorgados.
De acuerdo con los magistrados el oficial retirado no aportó información relevante a la JEP sobre hechos que serían de su conocimiento por el rango y rol cuando estuvo activo en la fuerza pública.
Dentro de los procesos sobre los cuales se requería que suministrara información se destacan los casos relacionados con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, quienes integraban la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en hechos cometidos en octubre del año 2000, en Medellín (Antioquia).
En desarrollo de este proceso, la JEP admitió como nueva prueba la documentación presentada por la defensa del oficial en retiro que da cuenta de su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y solicitó a esa entidad informar si las contribuciones entregadas por el general fueron satisfactorias.
Igualmente, se requirió al Grupo de Análisis de la Información de la JEP elaborar un informe de contexto sobre la violencia sistemática y generalizada contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales en Medellín, entre 1999 y 2001, para contrastar la información suministrada por el general (r) Santoyo.
Los magistrados enfatizaron que con esta determinación, la JEP reafirma su compromiso de hacer seguimiento estricto al cumplimiento de las condiciones pactadas por parte de los diferentes comparecientes sometidos a esta Jurisdicción y como garantía de protección de los derechos de las víctimas.
Santoyo está siendo investigado por supuestamente recibir pagos y realizar operaciones conjuntas con paramilitares durante su tiempo en el Gaula en Medellín.
A pesar de la evidencia presentada por la JEP, em oficial en retiro insistió en negar cualquier responsabilidad en los hechos por los que está siendo procesado y no proporcionó ninguna nueva información relevante
