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La compañía Thomas Greg & Sons presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez Casas por presuntamente liderar un campaña sistemática de desinformación durante el escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026.
Se trata de una acción judicial de 19 páginas que fue instaurada por parte del abogado Mauricio Pava Lugo dirigida a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, en la que se solicita investigar los delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento.
Adicionalmente, pidió investigar otras conductas criminales relacionadas con los delitos de injuria, calumnia, falsedad en documento privado y otros cargos contra los mecanismos de participación democrática.
En el documento se plantea que Pérez Casas bajo el ropaje de una “veeduría ciudadana” supuestamente orquestó una maniobra engañosa para fabricar un fraude electoral inexistente, instrumentalizando el desconocimiento técnico de la ciudadanía para perturbar las instituciones democracias e instigar la violencia contra una empresas privada.
El jurista dejó en claro que Thomas greg & Sons es un operador estrictamente logístico y tecnológico; no cuenta votos ni consolida resultados.
“El denunciado, conociendo esta realidad, tergiversó el funcionamiento normal del software de la Registraduría para crear zozobra. Presentó la carga secuencial de las páginas de los formularios E-14 (un proceso rutinario de digitalización) como si se tratara de la desaparición de firmas y votos, y expuso los protocolos de ciberseguridad del sistema como pruebas de una alteración algorítmica”, señala la denuncia.
Así mismo, advierte la denuncia que las falsedades del abogado Pérez no se quedaron en simples opiniones digitales, sino que trascendieron a los hechos cuando emitió directrices públicas ordenando a sus délegados la parálisis del escrutinio a nivel nacional y exigiendo la anulación masiva de mesas de votación basándose en sus premisas técnicas.
“Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera. Es senador electo y fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones”, dice el documento.
“Cuando alguien con ese nivel de influencia difunde información falsa o engañosa capaz de afectar la confianza ciudadana en los resultados electorales, no estamos ante una simple opinión política. Estamos ante una maniobra engañosa con nombre y apellido en el Código Penal”, afirmó Mauricio Pava Lugo.
De igual forma, destacó que aunque el Pacto Histórico afirmó respetar a los jueces, desde abril el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro corregir sus afirmaciones sobre un supuesto fraude en el sistema electoral colombiano, la vulnerabilidad del software de escrutinio y la existencia de fraude en procesos electorales anteriores.
“El Tribunal fue categórico al concluir que esas afirmaciones carecían de sustento y ordenó rectificarlas y abstenerse de reiterarlas. Sin embargo, durante el escrutinio presidencial esas mismas narrativas fueron nuevamente promovidas y amplificadas desde sectores políticos afines al Gobierno, pese a existir una decisión judicial previa que las había desvirtuado”, enfatiza la denuncia.
El abogado Pava añadió que dentro de las pruebas aportadas a la Fiscalía se encuentran decenas de publicaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez en la red social X, entrevistas en medios de comunicación y contenidos audiovisuales difundidos durante los días posteriores a la segunda vuelta presidencial.
“La empresa asegura que las publicaciones generaron graves afectaciones reputacionales y pusieron en riesgo la seguridad de sus trabajadores e instalaciones, al convertir a la compañía en blanco de señalamientos públicos relacionados con un supuesto fraude electoral”, agregó.
