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Una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del entonces director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez y determinó abstenerse de imponerle una medida de aseguramiento en su contra o enviarlo a prisión, por su presunta participación en el magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990.
La decisión fue adoptada tras haber sido vinculado formalmente a investigación y escuchado en diligencia de indagatoria como supuesto coautor del delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir.
De acuerdo con la investigación, los hechos estarían relacionados con el presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado al aspirante presidencial, la filtración de información sobre sus desplazamientos y la posible articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares a cargo de Carlos y Fidel Castaño.
Según el expediente judicial estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de sus responsables.
Tras analizar las pruebas y las explicaciones suministradas por el oficial retirado en diligencia de indagatoria, la Fiscalía decidió no imponer medida de aseguramiento al general en retiro, teniendo en cuenta su avanzada edad, estado de salud y la inexistencia actual de fines constitucionales que justifiquen una restricción preventiva de la libertad.
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