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Todo está listo para que el general (r) Mauricio Santoyo Velasco sea deportado este lunes 29 de abril a Colombia.
El exjefe de seguridad de la Presidencia de la República durante el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez estuvo privado de su libertad durante seis años en una cárcel de los Estados Unidos por su participación en delitos relacionados con tráfico de drogas y vínculos con grupos paramilitares.
El oficial en retiro de la Policía Nacional logró una rebaja en su condena al firmar un acuerdo de colaboración con las autoridades de los Estados Unidos para entregar información en las investigaciones que se adelantaban por los nexos de oficiales de la Fuerza Pública, funcionarios y particulares con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El pasado jueves salió del centro carcelario Krome, donde estaba recluido en Miami, para alistar su regreso a Colombia junto a 17 colombianos que también serán deportados de Estados Unidos, entre ellos David Murcia Guzmán, quien había sido extraditado por la captación de dineros a través de la pirámide de DMG.
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La defensa del general (r) ha solicitado en repetidas oportunidades que se pueda quedar en los Estados Unidos para proteger su vida y la integridad de su grupo familiar. Sin embargo, esta solicitud no ha sido avalada por las autoridades judiciales, situación por la cual la deportación es casi un hecho.
Un grupo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos le han pedido a la Fiscalía General que vincule formalmente al oficial en las investigaciones que se adelantan por la entrega de información privilegiada a los grupos paramilitares, lo que permitió la ejecución de diferentes asesinatos.
En la petición se cita que existen diversos testimonios que vinculan a Santoyo con la planeación y ejecución de diversos crímenes. Entre ellos se encuentra el asesinato de los dos investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Mario Calderón y Elsa Alvarado registrado el 19 de 1997 en Medellín.
Los dos investigadores fueron asesina dos en su apartamento cuando cuatro hombres fuertemente ingresaron al apartamento en el que vivían y les dispararon en repetidas oportunidades. El hijo de la pareja se salvó del atentado después que su abuela materna lo escondiera dentro de un armario.
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La investigación determinó que el asesinato fue ordenado por el comandante paramilitar Carlos Castaño Gil debido a las investigaciones que se adelantaban por los nexos de la Fuerza Pública y este grupo armado ilegal en el departamento de Antioquia.
El entonces coronel Santoyo, siendo comandante del Gaula en Medellín, habría ordenado la interceptación de manera ilegal de comunicaciones de personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y las causas sociales. La información recolectada le habría sido enviada a la banda delincuencial de ‘La Terraza’ para la ejecución de los asesinatos selectivos.
Con estos datos reservados, los paramilitares habrían desaparecido a varios integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfades) que exigían el esclarecimiento de varios hechos. Sus familias también fueron amenazas y obligadas a desplazarse de Medellín.
El excomandante paramilitar del Bloque Central Bolívar, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y el narcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra señalaron al general Santoyo de tener una gran cercanía con las AUC y ayudarlos para la planeación y ejecución de acciones contra la población civil.
El crimen de Jaime Garzón
El exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ le aseguró en 2015 a la Fiscalía General que el general (r) fue pieza fundamental en la desviación de la investigación que se adelantaba por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero registrado el 13 de agosto de 1999.
El oficial habría logrado la ubicación de todos los integrantes de la banda de ‘La Terraza’ que participaron en el asesinato de Garzón. Esto con el fin de entregárselos a los grupos paramilitares para su “ajusticiamiento” y así borrar cualquier tipo de evidencia.
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‘Don Berna’ aseguró que Carlos Castaño se arrepintió tanto de haber ordenado el asesinato del humorista político que dio instrucciones precisas para que todo aquel que hubiera tenido conocimiento o participación del mismo fuera asesinado. Fue de esta forma como los integrantes de ‘La Terraza’ fueron reunidos en una finca de propiedad de Castaño y asesinados.
Esta ejecución fue fundamental para desviar toda la investigación y evitar así la recolección de pruebas para el esclarecimiento del crimen. Otros paramilitares indicaron que agentes del DAS y de la Fiscalía colaboraron para capturar y acusar a personas que nada tuvieron que ver con la creación de pruebas falsas y la compra de testigos.
Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’ señaló que el general Santoyo también tenía una estrecha vinculación con la banda de ‘La Oficina’, creada por ‘Don Berna’ en Envigado.
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