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En una entrevista con La FM, el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, se refirió a la reciente decisión de Álvaro Uribe de renunciar a la prescripción del proceso penal que enfrenta. Según Arrubla, “el señor expresidente ha manifestado en una carta muy clara que él no quiere que esto termine por esa prescripción, que él quiere que tengan tiempo de estudiar la prueba”.
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Arrubla explicó que la renuncia a la prescripción permite que el sistema judicial tenga dos años adicionales para pronunciarse sobre el caso, evitando que la acción penal quede extinguida por el paso del tiempo. En sus palabras, “si el 15 o el 16 de octubre va a prescribir el tiempo que tenía el Estado para aplicarle una sanción definitiva al expresidente Álvaro Uribe, pues ese día si no tenían esa decisión lista, la prescripción se aplicaría y quedaba el procesado en libertad”.
Implicaciones legales según Jaime Arrubla
El jurista indicó que la renuncia a la prescripción es un derecho del procesado, regulado por el artículo 85 del Código Penal Colombiano, que establece: “El procesado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal”. Según Arrubla, esta renuncia es una decisión inequívoca del procesado, y aunque existe debate sobre si puede presentarse antes de que surja el derecho, él considera que “la intención es clara y basta con que el 16 de octubre mande otra nota diciendo que insiste y con eso quedaría zanjada toda la discusión”.
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Efectos políticos y jurídicos
Además de la dimensión legal, Arrubla destacó que las decisiones de Uribe tienen impacto político. “Todo lo que haga el presidente Uribe tiene efecto político, fue presidente dos veces del país. Cualquier decisión que él tome tiene consecuencias políticas, pero que su intención es clara y el motivo que alega hay que creerle”, señaló.
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El expresidente de la Corte Suprema también hizo referencia al proceso en la Comisión de Acusaciones y la plenaria de la Cámara y Senado, aclarando que en casos de violación de topes de campaña, “el que se vuela los topes tiene como sanción la pérdida del cargo y en el caso del presidente, la aplica el Senado de la República”. Esto muestra cómo las decisiones legales de figuras políticas de alto nivel tienen implicaciones directas en el sistema judicial y político del país.
