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La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra la ex secretaria general del Ministerio de Educación Nacional y dos ex directivos más por posibles irregularidades en la adjudicación de una licitación a UNE- EPM Telecomunicaciones, por más de $3.400 millones.
Los afectados con la medida son Dalila Astrid Hernández Corzo, exsubdirectora de contratación de dicho ministerio, Karen Ezpeleta Merchán, y el ex jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Roger Quirama García.
Los hechos que son materia de investigación están relacionados con un contrato de nube privada para dicho ministerio y secretarías de educación que fue adjudicado a la empresa UNE- EPM Telecomunicaciones tras considerar, que ocho de los ítems a contratar, no incluían el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que sí deberían tener, por lo que resultó inferior a las demás.
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La Procuraduría estableció que la oferta se adjudicó por más de $3.400 millones cuando el valor real era de $ 4.000 millones.
Por estos hechos se formuló cargos a Hernández Corzo, quien habría adjudicado la respectiva orden de compra a la oferta que no era más favorable en términos financieros para ese organismo, violando al parecer, el deber de selección objetiva.
“Todos los servicios requeridos por el Ministerio se encuentran gravados con el impuesto del IVA, situación que se pasó por alto al momento de adjudicar la orden de compra", indicó el ente disciplinario.
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Igualmente formuló cargos a la ex subdirectora de contratación del Ministerio quien al parecer no verificó el cumplimiento de los requisitos en la presentación de las ofertas ni veló porque la orden de compra fuera adjudicada de acuerdo con los estudios previos emitidos por su dependencia.
La Procuraduría cuestionó al ex jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y supervisor por presuntamente vulnerar el deber de selección objetiva por haber suscrito el documento en la que salió favorecido UNE EPM Telecomunicaciones.
