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La Procuraduría insistió a la Corte Constitucional que estudie una tutela presentada por el abogado Diego Cadena en el marco del caso que avanza en contra del litigante por presunta manipulación de testigos, relacionado con el expresidente Álvaro Uribe.
El caso inició en 2022 cuando en medio del proceso penal, el juzgado encargado del caso excluyó unas interceptaciones telefónicas entre Cadena y Uribe argumentando el secreto profesional, pero esa decisión fue tumbada por el Tribunal Superior de Bogotá y ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el abogado presentó el recurso para que le fuera amparado el derecho profesional.
“Argumentando que, en la decisión del 13 de abril de 2023, incurrió en una violación directa del artículo 75 de la Carta Política, pues sin mayor justificación autorizó la violación del secreto profesional al otorgarle validez a las interceptaciones de las comunicaciones que, en condición de abogado, sostuvo con uno de sus clientes”, resalta el documento.
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Para la Procuraduría este caso es de suma relevancia constitucional, debido a que el expediente contiene elementos que podrían generar discusión sobre los derechos al debido proceso y el derecho profesional entre el abogado y su cliente.
“Se advierte que el asunto de la referencia plantea una controversia de relevancia constitucional, porque los elementos fácticos del caso versan sobre la protección de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, así como la salvaguarda del secreto profesional entre el abogado y su cliente”, añade el concepto.
Para el organismo el caso particular de Diego Cadena podría trascender a un tema de intereses de las partes, pues la decisión que tome la corte, puede generar pedagogía constitucional sobre la confidencialidad entre el abogado y su cliente.
“La selección del presente caso trasciende la satisfacción de los intereses individuales de las partes, porque, independientemente de la decisión que se adopte, se busca la "orientación, consolidación de la jurisprudencia y pedagogía constitucional", con ocasión de un caso paradigmático que impone analizar la operación en concreto del privilegio de confidencialidad entre el abogado y su cliente”, concluyó la Procuraduría.
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La Corte Constitucional deberá estudiar los argumentos de la Procuraduría para determinar la procedencia para aceptar la tutela y empezar su discusión.
