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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 12 miembros de la junta directiva, gerentes y representantes legales de Bioenergy para el periodo 2012-2017.
Los entonces funcionarios tienen que responder por presuntas irregularidades en la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’, en Puerto López (Meta).
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Según la Procuraduría, esas irregularidades habrían generado un detrimento patrimonial cercano a 41.125 millones de pesos.
Las supuestas irregularidades radican en que supuestamente los entonces directivos omitieron suspender un contrato de suministro con Riopaila Castilla, lo que habría ocasionado el pago de indemnizaciones por reprogramación en la producción de caña de azúcar.
Eso habría sucedido, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción. Otra línea de investigación tendría que ver con un supuesto detrimento de la compañía por pagar cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivados por Bioenergy.
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La Procuraduría también pidió explicaciones por supuestas autorizaciones de aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, a pesar de “existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil, por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de 4 millardos (miles de millones) (sic)”, señala un comunicado del Ministerio Público.
También se investigan presuntas irregularidades en el proceso de selección para “contratar la obra civil, construcción y montaje electromecánico, instrumentación y prealistamiento de la planta, en el segundo semestre de 2014, en donde finalmente fue escogido el Consorcio Menegua”, concluye la Procuraduría en el comunicado.
Según la Procuraduría, los exfuncionarios podrían haber desconocido el Manual de Contratación de Bioenergy, que indicaba que debía propender por el buen funcionamiento de la empresa.
