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La Procuraduría citó para el próximo 29 y 30 de enero al exfiscal Luis Gustavo Moreno con el fin de escuchar su versión en el marco de las investigaciones que adelanta por el escándalo de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia, conocido como el cartel de la toga.
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La diligencia la programó un procurador auxiliar delegado por Fernando Carrillo, quien está a cargo de las indagaciones sobre la red de corrupción que compró a varios magistrados para frenar procesos en el alto tribunal.
Se espera que el delegado indague sobre la presunta participación de 8 políticos en el escándalo, entre los que se encuentran los senadores Hernán Andrade, Álvaro Ashton y Musa Besaile.
Las declaraciones también se tendrían en cuenta en los procesos preliminares contra los senadores Mauricio Lizcano, Martín Emilio Morales Diz, Nilton Córdoba, Julio Gallardo y Argenis Velásquez.
Al respecto el procurador Fernando Carrillo había enviado una carta al presidente Juan Manual Santos, en la cual solicitaba garantizar los testimonios de Moreno antes de su extradición, a lo cual se condicionó el proceso al próximo mes de abril.
El caso
Cuando Luis Gustavo Moreno se desempeñaba como fiscal anticorrupción tenía la obligación de dirigir y coordinar investigaciones; “organizar comités jurídicos de los casos, identificar casos para ser priorizados y suministrar información de investigaciones adelantadas por su independencia (…) tenía a su cargo delitos contra la administración de justicia“, señaló el fiscal del caso.
En el 2016, Moreno conoció el proceso contra Lyons por el denominado cartel de la hemofilia y las irregularidades con las regalías del departamento en el período 2012-2015.
Según el expediente, en noviembre de 2016, a través del abogado Leonardo Pinilla, “Moreno solicitó varios de millones de pesos al exgobernador para darle información sobre su proceso“, luego de conocer la matriz de colaboración de los principales testigos contra el exmandatario.
Incluso el fiscal del caso señaló que desde el 11 de abril hasta el 5 de julio de 2017, “Moreno dio información privilegiada a los medios de comunicación sobre detalles de las investigaciones que no eran de conocimiento público“.
Por lo anterior, el fiscal del caso calificó la actuación de Moreno como ilegal, pues “abusó de sus funciones de manera consciente a cambio de dádivas“.
