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Para la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no arrancó bien la investigación por la parranda vallenata clandestina en la que participó el cantante Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Al menos, así lo planteó esta semana, al asumir el proceso disciplinario.
El 14 de abril, menos de una semana después de las denuncias del evento, el Ministerio Público asumió la investigación a partir de la figura del “poder preferente”, un tecnicismo que le permite impulsar procesos disciplinarios en entidades públicas saltándose a sus oficinas de control interno por varios motivos.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia visitó el 9 de abril el pabellón uno del penal catalogado como de alta y media seguridad. Un día antes ocurrió una fiesta que involucró a reclusos de alto nivel y al artista guajiro de 53 años. El ente de control ordenó la remisión inmediata del expediente para tramitarlo.
Según indicó entonces, empezaría a encargarse por dos criterios clave: el “impacto social” y la “connotación pública nacional” del caso. El Inpec había abierto un proceso interno contra once funcionarios y había apartado del cargo al entonces director, el mayor Édgar Pérez, quien encabezaba el penal desde hacía tres meses.
Aparentemente, el rumbo que el Instituto Penitenciario tomó tuvo irregularidades que podrían “constituirse en violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales”, explicó la Procuraduría este viernes, cuando también remarcó un “saneamiento del proceso”. El Ministerio Público revocó la suspensión solo para imponerla de nuevo.
Es decir, tumbó la medida de Inpec para luego imponer una cautela similar. Pero también para vincular al director encargado, el caleño Fabián Leandro León Rodríguez, por una “presunta falsedad ideológica en documento público”. Terminó suspendido provisionalmente por tres meses y sin remuneración.
Procuraduría corrige el proceso y amplía su alcance
Mientras se adelanta la investigación, la Procuraduría también sacó de sus cargos tres meses al inspector jefe del penal, Salvador del Cristo Jiménez Palencia; a tres tenientes, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y el director Fabián León; al intendente Eduardo Parra Ceballos, y a siete dragoneantes:
- Nairo Vargas rubio
- Fran Alexander Barbosa Pinzón
- Jhon Eduar Aguilar Conde
- José Luis Becerra Puello
- Juan Camilo Góez David
- Juan Diego Ospina Morales
- Gustavo Adolfo Montejo Casas
Por último, compulsó copias para que también se investigue a Édgar Pérez, porque al parecer cambió los turnos “de manera informal”. La Fiscalía, por su parte, indaga a Nelson Velásquez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y también a los once funcionarios procesados disciplinariamente.
La apuesta del gobierno de Gustavo Petro de dialogar con los criminales del Valle de Aburrá está a punto de completar medio mes de disputas políticas, fracasos y frenos. La contraparte del Ejecutivo, concentrada en un grupo de ‘Voceros del Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana’, intenta seguir una ruta distinta.
El 27 de marzo la Fiscalía, por pedido de la Consejería Comisionada de Paz, suspendió las órdenes de captura de una veintena de voceros de las estructuras criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Un puñado de ellos ya estaba en prisión, así que el ente acusador reversó parte de su decisión.
Uno de los penales clave en la ruta que el Gobierno ha llamado ‘Paz Urbana’ —filial de la política de ‘Paz Total’, con la que delegados de Petro dialogan con todo tipo de estructuras criminales— es la cárcel La Paz, un centro penitenciario calificado como de máxima seguridad que alberga a más de novecientos reclusos.
La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, del partido opositor Centro Democrático, reveló el 8 de abril varios videos de una parranda clandestina con Nelson Velásquez. El Instituto Penitenciario y Carcelario rechazó el concierto, negó haberlo autorizado, sacó al director de la cárcel y abrió la investigación que luego la Procuraduría tomó.
La Parranda clandestina en Itagüí sacude la 'Paz Urbana' los diálogos con cabecillas
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció la suspensión del diálogo con los cabecillas. La delegación del Gobierno, que lidera la senadora oficialista Isabel Zuleta —enfrentada a un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado—, explicó que la pausa va hasta “tener claridad” de qué voceros habrían participado en la fiesta.
Ahora los jefes criminales tratan de destrabar el proceso. “Somos plenamente conscientes de la responsabilidad política que implica ejercer la vocería de paz”, señalaron en un comunicado el11 de abril. La misiva ofreció “excusas públicas”. “Asumimos la responsabilidad política que nos corresponde”, insistió.
Los cabecillas aprovecharon el boletín para solicitarle al presidente Gustavo Petro “levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana”, en tanto “entendemos y lamentamos el grave daño” que la fiesta “genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nacional nos ha depositado”.
El Inpec inspeccionó la cárcel de Itagüí luego de las denuncias de la parranda clandestina. El 10 de abril el Grupo de Operaciones Especiales (Grope) adelantó un operativo sorpresa en el que incautó tres celulares, un computador portátil, una tablet, un módem wifi y una consola PlayStation 5 con seis controles.
Los reclusos tenían a la cárcel como un hotel. El Inpec narró el hallazgo de 62 neveras, siete televisores, once estufas eléctricas, veintisiete freidoras, veintiséis ollas eléctricas, una lavadora, cinco licuadoras, dos sanducheras, dos aires acondicionados, once ventiladores, cuatro sofás y cuatro bafles.
“No es adecuado presentar a la vocería como el único factor responsable de situaciones que responden a la realidad carcelaria”, aseguraron por su parte los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá. “Lo sucedido no puede reducirse a interpretaciones simplistas ni a responsabilidades individuales”, añadieron.
