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La procuradora general, Margarita Cabello, anunció que enviaron 29 casos de funcionarios electos por voto popular para que el Consejo de Estado los revise teniendo en cuenta la decisión tomada por ese tribunal en las últimas horas con respecto a las competencias de la Procuraduría.
Entre los casos está el del ex alcalde de Neiva, Gorky Muñoz y el actual alcalde de Tocancipá Walfrando Forero quienes fueron sancionados por presuntas irregularidades durante sus administraciones.
“Hemos remitido alrededor de unos 29 asuntos o decisiones frente a electos popularmente ante el Consejo de Estado, asuntos de trascendencia, como por ejemplo la sanción por participación en política del exalcalde Gorky Muñóz, el de Tocancipá Walfrando Forero, que están en revisión en el Consejo de Estado”, dijo la Procuradora.
La Procuradora explicó que con la decisión del Consejo de Estado, los magistrados de ese tribunal deberán dar trámite a los recursos que se presenten contra sanciones impuestas por la Procuraduría referentes a las destituciones e inhabilidades.
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“Lo que se hizo fue unificar la jurisprudencia y decidir que a partir de este momento todos los magistrados del Consejo de Estado, cuando les llegue el recurso de revisión o la acción de revisión frente a sanciones de la Procuraduría de destitución o inhabilitación de electos popularmente, deben tramitar el recurso y tomar la decisión correspondiente”, añadió Cabello.
En los últimos días presidente del Consejo de Estado Milton Chávez afirmó que con la decisión de unificar jurisprudencia con las sanciones de la Procuraduría, se está dando cumplimiento a las órdenes de la Corte IDH con respecto a la protección a los derechos políticos de los electos por voto.
“Se le está dando cumplimiento a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En eso no tengan duda que nosotros estamos asumiendo que se le está dando cumplimiento a la Convención. De hecho, la Comisión Interamericana vino a Colombia, lo recibimos en el Consejo de Estado”, concluyó Chávez.
La Procuradora afirmó que está pendiente de que el Consejo de Estado responda a los casos para determinar cuáles son los alcances de las sanciones.
