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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abrió un nuevo debate político y jurídico: qué ocurrirá con las curules que ambos obtuvieron en las recientes elecciones legislativas.
El alto tribunal los acusa del presunto delito de cohecho impropio, al considerar que habrían comprometido su función legislativa a cambio de beneficios relacionados con contratos públicos.
La decisión no solo tiene implicaciones penales para los congresistas involucrados, sino que también podría impactar la conformación del próximo Congreso.
La decisión de la Corte en el escándalo de la UNGRD
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema resolvió acusar formalmente a cinco congresistas en ejercicio y a un excongresista dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos relacionados con la UNGRD.
Según el expediente judicial, durante el segundo semestre de 2023 se habrían realizado reuniones entre legisladores y funcionarios del Ministerio de Hacienda.
El objetivo de estos encuentros, según la investigación, habría sido obtener conceptos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para aprobar operaciones de crédito de interés del Gobierno.
A cambio de ese respaldo político, los congresistas presuntamente habrían recibido ofrecimientos relacionados con contratos y proyectos financiados a través de la UNGRD.
Las obras señaladas por la investigación estarían ubicadas en diferentes regiones del país, entre ellas:
- Córdoba
- Arauca
- Bolívar
De acuerdo con la Corte, durante varios encuentros se habrían definido los montos y las condiciones de los beneficios que recibirían los legisladores, lo que dio pie a la acusación por cohecho impropio.
Curules en incertidumbre tras las elecciones
La decisión de la Corte Suprema también abrió un debate jurídico sobre el futuro de las curules que obtuvieron ambos congresistas en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
En esa jornada electoral, Wadith Manzur logró una de las votaciones más altas dentro del Partido Conservador y aseguró un lugar en el Senado, mientras que Karen Manrique repitió su escaño en la Cámara de Representantes como parte de una de las circunscripciones especiales de paz.
Precisamente por haber resultado elegidos nuevamente, ahora surge la discusión sobre si ambos podrán o no posesionarse como congresistas mientras enfrentan el proceso judicial en su contra.
En caso de que continúen privados de la libertad cuando se instale el nuevo Congreso el próximo 20 de julio, algunos expertos advierten que podría aplicarse la figura de la “silla vacía”.
De ser así, la medida afectaría al Partido Conservador en el Senado, en el caso de Manzur, y a la curul de paz en la Cámara de Representantes, ocupada por Manrique.
Esta figura impide que el partido o movimiento político reemplace al congresista investigado, por lo que la curul permanecería vacante como sanción política.
Qué es la “silla vacía” y cuándo se aplica
La llamada silla vacía es un mecanismo constitucional que sanciona a los partidos políticos cuando uno de sus congresistas es investigado o condenado por delitos graves.
En estos casos, la curul no puede ser ocupada por otro miembro del partido o por el siguiente candidato en la lista.
Esto significa que el escaño queda sin reemplazo durante el periodo legislativo, lo que reduce el número de integrantes activos en la respectiva cámara.
La medida suele aplicarse cuando los procesos judiciales están relacionados con delitos como:
- Corrupción contra la administración pública
- Vínculos con grupos armados ilegales
- narcotráfico
- Delitos contra la participación democrática
- crímenes de lesa humanidad
La figura fue incorporada al sistema político colombiano mediante el Acto Legislativo 01 de 2009, como una respuesta institucional a los escándalos de parapolítica.
Tras la decisión de la Corte Suprema, algunos analistas señalan que se abre un debate jurídico importante.
El proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD sigue avanzando en la Corte Suprema y podría tener nuevas decisiones judiciales en los próximos meses.
Mientras tanto, el caso no solo tiene implicaciones penales para los congresistas involucrados, sino también efectos políticos sobre la conformación del próximo Congreso, que iniciará funciones el 20 de julio.
Por ahora, el futuro de las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique permanece en discusión jurídica, a la espera de cómo evolucionen las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con el proceso.
Los congresistas vinculados al escándalo de la UNGRD
Dentro del proceso judicial aparecen seis nombres vinculados a la investigación por el presunto esquema de sobornos.
Los señalados son:
- Wadith Manzur, senador del Partido Conservador
- Karen Manrique, representante a la Cámara por una curul de paz
- Liliana Esther Bitar Castilla, senadora
- Juan Pablo Gallo Maya, congresista
- Julián Peinado Ramírez, congresista
- Juan Diego Muñoz Cabrera, excongresista
