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La muerte de alias Gavilán, el resultado más importante de las autoridades en la lucha contra el Clan del Golfo, podría desatar una nueva ola de violencia en Urabá y en todo el país. La preocupación tiene dos antecedentes: los paros armados que las bacrim declararon en el 2012 y en mayo de este año, con el fin de vengar la muerte de sus cabecillas en combates con la Policía.
Tras el reciente operativo en Turbo, Antioquia, que permitió dar de baja a Roberto Vargas Gutiérrez 'Gavilán', el segundo jefe más temido del Clan del Golfo, las autoridades extremarán los controles para evitar una arremetida criminal para vengar la muerte del cabecilla.
Por esta razón, el secretario de gobierno de Turbo, Emélides Muñoz, aseguró que confía en que la Policía y el Ejército realicen las labores de inteligencia necesarias para preservar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.
"El municipio de Turbo ha tenido un comportamiento negativo en el tema de homicidios, esperamos que la muerte de Gavilán contribuya a reducir ese tipo de índices. Como retaliación, como reacción de estos grupos, se podrían presentar algunos hechos, pero la Fuerza Pública está listo para atenderlos".
El funcionario aseguró que una de las prioridades de la alcaldía de Turbo es evitar que el Clan del Golfo siga con el reclutamiento de jóvenes, quienes caen en las manos de esa banda criminal para obtener ingresos económicos.
Consulte también: ¿Quién era alias Gavilán? (clic aquí).
Alias 'Gavilán' fue dado de baja por unidades de la Operación Agamenón 2, que hace pocos meses contó con el ingreso del Ejército para apoyar a la Policía.
Tras la muerte de 'Gavilán', los objetivos de alto valor en el Clan del Golfo son alias Inglaterra, Nicolás y El Indio, por quienes se ofrece una recompensa de 500 millones de pesos, sumados a los 600 mil dólares ofrecidos por Estados Unidos.
Además, el hombre más buscado del país sigue siendo Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Por su captura se ofrecen 3 mil millones de pesos de recompensa, más 5 millones de dólares ofrecidos por el gobierno norteaméricano.
El último paro armado que la banda criminal declaró para vengar la muerte de tres cabecillas en combates con las autoridades, dejó un saldo de 13 policías asesinados en mayo de este año. La mayoría murieron en atentados cometidos en Antioquia y Chocó.
