La FM en Google News
Manuel López Noriega, Juez 10 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Barranquilla, decidió revocar la medida de aseguramiento no privativa de la libertad impuesta a Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del Presidente.
De acuerdo con el juez, Vásquez está colaborando con la administración de justicia en el proceso contra Nicolás Petro y manifestó que no subsisten los fines constitucionales que en su momento tuvo en cuenta el juez 74: “Está compareciendo al proceso, la señora Fiscal ha dicho que sí y ha venido contribuido eficazmente en el proceso de enriquecimiento ilícito en servidor público, lavado de activo y celebración indebida de contrato”.
“No se ha fugado, no tiene antecedentes”, añadió.
Otros procesos
Igualmente, el juez manifestó que Vásquez tiene otro proceso por violación de datos y está compareciendo y cumpliendo con los requisitos por lo que avaló esa revocatoria de medida.
Daysuris Vásquez, no contaba con medida domiciliaria, tampoco estaba en centro penitenciario, pero sí tenía ciertas restricciones como no salir del país y presentarse periódicamente. Esas fueron las medidas revocadas por el juez este miércoles.
Laura Ojeda no fue reconocida como víctima dentro de este proceso
Durante la diligencia, López manifestó que Laura Ojeda, actual pareja de Petro Burgos, no es víctima en el proceso por enriquecimiento ilícito en servidor público, lavado de activo y celebración indebida de contrato por las que fueron asegurados en su momento Day Vásquez y el exdiputado en 2023, especificando que la víctima es la Gobernación del Atlántico.
La aclaración surgió durante la diligencia, luego de que el abogado Alejandro Carranza, en representación de Laura Ojeda, solicitara que su clienta fuera reconocida como víctima dentro del proceso. No obstante, el despacho negó dicha petición.
El juez explicó que, si bien Ojeda puede ostentar la condición de víctima, esto aplica únicamente en un proceso distinto relacionado con la presunta violación de datos personales, en el que se investiga el supuesto acceso ilegal a su teléfono celular. Ese caso se tramita en otro juzgado y no está vinculado con los delitos que motivaron la medida de aseguramiento.
“Se trata de procesos independientes”, puntualizó el togado.
Durante la audiencia, Carranza intentó interponer un recurso de apelación frente a la decisión, pero el juez lo rechazó al señalar que no tiene legitimidad para hacerlo dentro de esta actuación, precisamente porque su representada no es reconocida como víctima en este expediente.
