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El expresidente Álvaro Uribe Vélez protagonizó un tenso momento durante la audiencia preparatoria de su juicio por los delitos de soborno y fraude procesal. Uribe decidió retirarse de la sesión cuando la juez 44, Sandra Liliana Heredia, le preguntó si se declaraba culpable o no de los cargos imputados, lo que desató un duro cruce en la sala.
El abogado apoderado de Uribe, Jaime Granados Peña, explicó en La FM de RCN que la defensa había solicitado aplazar la audiencia debido a que no se les había entregado en su totalidad la evidencia necesaria para preparar el caso.
Según Granados, la defensa no había tenido suficiente tiempo para revisar el material extraído de los dispositivos electrónicos clave incautados al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos principales del caso.
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Granados detalló que el 6 de septiembre, la juez reconoció que faltaba evidencia por entregarle a la defensa y dio un plazo hasta el 2 de octubre para que se completara la entrega.
“Cualquier persona sometida a juicio tiene derecho a conocer las evidencias en poder del Estado, particularmente de la Fiscalía y de los jueces que hayan conocido el caso para poder preparar su defensa”, afirmó.
El abogado explicó que, aunque la Fiscalía entregó una copia espejo de la información contenida en el computador y celular de Monsalve el 12 de septiembre, la defensa no tuvo acceso al original para realizar una extracción forense con sus propios técnicos, como lo había ordenado la juez y la Corte Suprema.
Según Granados, el proceso técnico para revisar la evidencia es complejo y requiere de aproximadamente 164 horas continuas, lo que impedía a la defensa analizarla antes del 2 de octubre, fecha en la que se reanudó la audiencia.
“La Fiscalía tiene una copia espejo de eso que nos entregaron el 12 de septiembre, pero ya ordenado. Teníamos derecho de conocer el original, hacer nosotros con nuestros técnicos la extracción forense, como también lo hizo la Fiscalía en su momento. Eso lo ordenó la juez. Al momento de iniciar la audiencia, el 2 de octubre, habían transcurrido poco más de 36 horas sin que pudiéramos, en tan corto lapso, conocer lo que se había extraído”, afirmó Granados.
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Ante esta situación, la defensa solicitó que la audiencia se aplazara hasta el 8 de octubre, lo cual fue negado por la juez, a pesar de que, según Granados, la petición era "más que razonable". Incluso, el Ministerio Público apoyó la solicitud de la defensa. "Es inexplicable que la señora juez no haya accedido a esta petición más que razonable, incluso coadyuvada por el Ministerio Público", agregó.
Granados concluyó señalando que, ante la negativa de la juez y lo que considera una violación al derecho de defensa, están en proceso de radicar una acción de tutela y solicitar medidas cautelares urgentes. "Ante esas circunstancias que nos privan de una garantía fundamental del principio cardinal de igualdad de armas que rige este procedimiento acusatorio, tenía el expresidente, además de su ofensa, que protestar", afirmó.
