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El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, anunció en La FM que fue reforzada la presencia militar en el corregimiento de Pogue en Bojayá, donde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que al menos cuatro comunidades están confinadas por la llegada de 300 paramilitares a este municipio del departamento de Chocó.
Señaló que en el lugar se adelanta una operación militar desde hace cuatro meses, la cual será reforzada con la llegada de más de 100 hombres, a raíz de una alerta temprana que hizo la comunidad.
"Nos informan de la posible presencia de un grupo armado en Pogué y el Ejército ya está allí para reforzar esta operación militar con más de 100 hombres para expulsar del terreno a los grupos armados organizados", indicó.
El general Ramírez lamentó que hace 15 días un soldado murió en medio de un combate "por un artefacto escondido del ELN".
Incluso, fueron enviados 50 hombres más para “contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados del ELN y el Clan del Golfo, que buscan hacerse con el control de las rutas del narcotráfico en esta zona del departamento”.
"Nuestro plan de guerra es avanzar en el control militar del territorio, de tener el control de todas la cabeceras municipales", agregó.
El alto oficial verificará la denuncia para tomar las medidas necesarias que permitan garantizar la seguridad de la comunidad. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz advirtió que los grupos armados amenazaron con asesinar a los líderes sociales. Algunos habitantes, que habrían logrado salir del lugar, tuvieron que dejar sus pertenencias por la presencia de hombres con armas cortas y vestidos de civil.
En el último año, han sido capturados 37 presuntos integrantes del Clan del Golfo en esta región chocoana, dos más han muerto en medio de operaciones militares, se han incautado explosivos, cocaína y desmantelado 16 laboratorios para el proceso de estupefacientes.
El pasado 24 de diciembre, la Comisión Intereclesial envió una carta al Gobierno, denunciando violaciones a los derechos humanos en el Medio y Bajo Atrato, entre el Urabá chocoano, el occidente y el Urabá antioqueño.
Además de Bojayá, la Comisión denunció que este tipo de hechos ocurren en Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, Frontino y Urrao.
Entretanto, la comunidad exige que las autoridades tengan en cuenta las alertas emitidas y les garanticen seguridad y protección a la población civil.
