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El Alto Tribunal condenó al Estado colombiano a pagar una millonaria suma de dinero a los familiares de dos hombres muertos en ejecuciones extrajudiciales en zona rural de Manizales.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2007, cuando las víctimas identificadas como Jorge Luis García Gómez, su hermano Luis Ferney García Gómez y una tercera persona identificada como Julián Andrés Torres Castañeda, fueron contactadas supuestamente para cometer un asalto en una finca cafetera.
Sin embargo, el hombre que tenía el encargo de trasladarlos a zona rural del municipio de Neira, desvió su camino y los llevó a la vereda La Aurora de Manizales donde un grupo de militares, los esperaba para asesinarlos.
Para justificar “el falso positivo”, el ejército dijo que en el momento que adelantaban patrullajes en ese sector, se presentó una emboscada y que en la reacción fueron dados de baja. Además los hicieron pasar como miembros del grupo de autodefensas 'Cacique Pipintá'.
Los familiares de los hermanos García Gómez, presentaron una demanda de reparación directa por los daños morales y materiales causados por los militares.
El coronel González Del Río, en una audiencia justamente por el asesinato de los tres hombres, dijo que las órdenes de los superiores era dar "resultados" y que las tres víctimas eran delincuentes que fueron llevados con engaños a la vereda, La Aurora, zona rural de la capital caldense, para luego ser ultimados en un supuesto combate.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas, consideró que no había lugar a la indemnización, sin embargo, en el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, la máxima justicia administrativa de Colombia, revocó el fallo y ordenó indemnizar a los familiares de Ferney y Jorge Luis García Gómez.
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En una audiencia, el coronel Robinson González Del Río, señaló que según la justicia, se suscribieron órdenes de operaciones tácticas falsas con resultados de personas asesinadas, entre ellas los hermanos García.
El polémico y controvertido, coronel Robinso González del Río está condenado a 30 años de prisión por un poco más de 20 ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Caldas y que confesó en varias audiencias de imputación de cargos.
