La FM en Google News
La FM conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación solicitó con carácter urgente y de manera preventiva a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) que evalúe la suspensión inmediata de billonario proceso de contratación energético que hoy debe ser adjudicado, al advertir posibles irregularidades en su trámite.
La decisión fue adoptada por parte de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública que envió una comunicación de ocho páginas con carácter urgente sobre este proceso licitatorio a Rafael Enrique Fragozo Díaz, director de la Unidad de Planeación Minero Energética, con el fin de prevenir afectaciones a derechos, al patrimonio público y al ordenamiento jurídico, además de evitar la ocurrencia de hechos que puedan incidir en faltas disciplinarias.
Este despacho adelanta una vigilancia preventiva frente al proceso UPME STR 01 – 2026 Subestación Nueva Lorica 110kV que tiene por objeto: “Selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Lorica 110 kV y líneas asociadas”.
Las obras específicas incluyen en este caso una nueva subestación de energía a 110 kilovoltios en la zona de Lorica y sus cables o líneas de conexión para mejorar el servicio eléctrico.
¿Una violación al principio de publicidad y transparencia?
La Procuraduría advirtió que detectó una presunta violación del principio de publicidad y transparencia, ya que con el objetivo de conocer los documentos del proceso de contratación este organismo realizó la búsqueda en la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II, sin encontrar resultado sobre este proceso licitatorio.
Los datos abiertos de contratación muestran que en lo corrido del año 2026 la UPME ha celebrado, y por tanto publicado, únicamente contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, cuyo número asciende a 622, lo que se constituye en un riesgo inminente de una grave violación de los principios que rigen la contratación pública.
"La Procuraduría General de la Nación resalta la obligación que tiene la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME de publicar el presente proceso de contratación en la plataforma electrónica SECOP II, debido a que en este se encuentran involucrados recursos públicos", se señala en el documento.
Según el Ministerio Público esta situación impide el debate que al respecto pudieran realizar los ciudadanos, el control sobre los recursos públicos y su correcta destinación y la vigilancia por parte de veedurías y órganos de control.
Ante este escenario la Procuraduría recomendó dar publicidad, en cumplimiento de lo principios de la función administrativa, al proceso UPME STR 01-2026 Subestación Nueva Lorica 110 kV en la plataforma electrónica del SECOP II. 1.1.2.
"Una vez publicado dicho proceso, retrotraer la actuación contractual al momento inicial del proceso con el fin de evitar cualquier vicio sobre el contrato que se llegue a celebrar, ante la posible vulneración de principios y del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022", señala la Procuraduría.
Así mismo, solicitó otorgar la debida oportunidad a la ciudadanía, veedurías y órganos de control de presentar observaciones a todos los documentos producidos en desarrollo del proceso de contratación.
Además, la Procuraduría pidió remitir el enlace del SECOP II en el que se encuentre publicado el proceso de contratación objeto de observaciones.
La Procuraduría solicitó a la UPME evaluar, en el marco de su autonomía, la posibilidad de suspender el proceso de contratación, con el fin de que se revisen las posibles vulneraciones y se tomen las decisiones correspondientes fundamentadas en las normas que rigen el trámite.
También solicita remitir a este organismo de control el expediente completo de la Convocatoria UPME STR 01-2026 – Lorica, incluyendo los documentos de selección del inversionista, sus modificaciones, adendas, aclaraciones, actas de audiencia, observaciones presentadas por los participantes y las respuestas emitidas por la entidad.
La procuraduría le da un plazo de un día hábil para remitir toda la información requerida sobre este proceso licitatorio, en todo caso antes de la adjudicación (o actuación equivalente) y la celebración del contrato.
"Lo anterior, con el fin de que esta Procuraduría Delegada conozca de manera oportuna el análisis efectuado por la UPME y pueda presentar las observaciones a que haya lugar, con el fin de evitar afectaciones a derechos, al patrimonio público y al ordenamiento jurídico colombiano".
Otras solicitudes
Remitir la propuesta económica presentada por el consorcio Sigma, así como los análisis técnicos, económicos y financieros efectuados por la UPME respecto de oferta.
También pidió copia de las observaciones formuladas por el consorcio Sigma respecto de las propuestas presentadas por Enelca y la sociedad Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S (Edemsa S.A.S), junto con las respuestas, análisis técnicos y jurídicos efectuados o proyectados por la UPME.
Informar el fundamento normativo y regulatorio que permitió la participación de Edemsa S.A.S. como tercero dentro de la convocatoria y remitir los documentos presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles.
Reportar a la Procuraduría el estado actual de la evaluación de la propuesta presentada por Edemsa S.A.S. y precisar las actuaciones programadas para el 26 de agosto de 2026, indicando su objeto, alcance y eventuales decisiones que podrían adoptarse durante dicha actuación.
Denuncia ante la Fiscalía
Según la denuncia instaurada ante la Fiscalía revelado por La FM contra Edwin Palma, exministro de Minas y Energía e Indira Cristina Portocarrero Ospina, exdirectora geneal de UPME, la convocatoria para este contrato supuestamente habría sido amarrada por el anterior gobierno de Gustavo Petro al adjudicarlo a un único proponente que presuntamente conocía información reservada sobre el precio máximo para acceder a este negocio.
De acuerdo con el denunciante los hechos presuntamente irregulares podrían generar un detrimento que ascendería a los dos billones de pesos.
“Por medio del presente, nos permitimos generar una alerta con el ánimo de evitar la inminente adjudicación del proyecto de la referencia, el cual en caso de asignarse al Consorcio Sigma Energía (actual único participante), podría generar situaciones harían incurrir en faltas disciplinarias de funcionarios del Estado e igualmente un posible detrimento patrimonial billonario al Estado", indica la denuncia.
En la denuncia instaurada ante la Fiscalía se piden investigar delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, utilización de información privilegiada, falsedad en documento público, fraude procesal, entre otros.
El denunciante enfatizó que "La situación se resume en que en el proceso de selección de inversionistas de la referencia, el Consorcio Sigma Energía, ha logrado superar artificiosamente todos los obstáculos presentados y a la fecha con una posible adjudicación el próximo 26 de agosto de 2026, podría consumar situaciones que afectarían el erario público y las funciones de algunos funcionarios encargados en la UPME de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos".
