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La procuradora general, Margarita Cabello, entregó su concepto sobre la demanda a la ley de 'paz total', en la que se piden tumbar varios artículos de esta iniciativa del Gobierno Nacional.
El caso es el mismo por el que la procuradora hace varias semanas se declaró impedida de intervenir en la discusión, pues aseguraba que sus críticas a esta ley en el Consejo Superior de Política Criminal no participaría en el caso, pero los magistrados decidieron permitir a Cabello conceptuar al respecto.
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La demanda es contra los artículos 2, 12 y 18, en los que se habla sobre la caracterización de grupos armados, también se reglamenta que las entidades territoriales pueden cobrar impuestos de seguridad bajo ciertas condiciones especiales de orden público y se habla de paz con la naturaleza como medida de reparación.
Todos estos apartados del proyecto, según el demandante, fueron incluidos de manera "súbita" e "inconexa" en el último debate en Plenaria de la Cámara de Representantes.
La procuradora estuvo de acuerdo con este argumento, pues explicó que "la inclusión de normas nuevas referentes a temas especializados mediante proposiciones en las Plenarias de las cámaras debe ser una práctica restringida, pues limita la posibilidad de reflexión de los congresistas".
En el documento la procuradora también reiteró su oposición a que las disidencias de las Farc sean tenidas en cuenta en este proyecto, pues explicó que según menciona la demanda, en la ley hay una imprecisión, en la que se permitiría que las personas que abandonaron los acuerdos de paz, obtengan beneficios propios de la justicia transicional.
Ante esto, Margarita Cabello reiteró que, en estos casos "dichos individuos, en el ámbito de la legislación que se expida en consonancia con los estándares constitucionales, podrán únicamente 'acogerse a las reglas del sometimiento a la justicia para obtener los beneficios que la ley otorgue por desmantelamiento y delación'".
Finalmente, en el subtitulo en el que se plasma concretamente la solicitud del concepto, la procuradora escribe: "Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que, en los términos de la parte considerativa de este concepto, declare la inexequibilidad de la Ley 2272 de 2022 (...)".
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Ahora la Corte Constitucional deberá estudiar estos argumentos junto con los demás conceptos entregados por las partes intervinientes y considerativas para determinar si declara una de las leyes bandera del Gobierno Petro como inconstitucional.
