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El juzgado 16 administrativo de Bogotá le ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional adelantar todos los trámites para definir la operación de cambio de sexo de la patrullera Andrea Cortés Guarín, reconocida como la primera mujer trans en las filas de esa Institución.
El fallo se presentó tras resolver una acción de tutela presentada por la defensa de Guarín Cortés que reclamaba que la dirección de Sanidad de la Policía Nacional había suspendido todos los procedimientos médicos relacionados con su reasignación de sexo.
El juzgado ordenó proteger los derechos a la salud, vida, identidad sexual y de género de la patrullera. Debido a esto ordenó que la Policía y el Ministerio de Defensa reúnan un “grupo multidisciplinario para que valoren a la señora Andrea Cortes Guarín, con el fin de determinar de manera conjunta e integral la viabilidad y acompañamiento en la cirugía de reasignación de sexo”.
Sin embargo, se advierte que esto no implica “una injerencia en la decisión médica, técnica y científica a la que haya lugar”. En la tutela, la defensa de la patrullera indicó que pese a que ya se había iniciado todo el trámite de cambio de sexo este se interrumpió de manera injustificada.
El pasado 4 de octubre en fallo de primera instancia, la Policía Nacional destituyó e inhabilitó por once años para ejercer cargos públicos a la patrullera Cortés por robar maquillaje en una droguería ubicada dentro de un centro comercial en Bogotá.
Por estos mismos hechos tiene pendiente una audiencia de imputación de cargos. Cortes Guarín, portando su uniforme, ingresó a la droguería y aprovechando un descuido de la vendedora tomó una crema desmaquilladora y la metió a la bolsa.
Un video de la cámara de seguridad del establecimiento es la prueba clave que demuestra que la patrullera no pagó por la crema y nunca se devolvió para entregarla o cancelarla.
La patrullera sigue vinculada a la Policía puesto que no se ha ratificado la sanción disciplinaria.
En la tutela se advirtió que el 6 de octubre de 2021 se adelantó una junta en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en la cual se advertía que la patrullera cumplía todos los requisitos para el procedimiento de reasignación de sexo. Además se avaló un apoyo de grupo multidisciplinario pre y post operatorio.
Sin embargo, se advierte que en ese momento solamente fue valorada por un urólogo dejando de un lado otras disciplinas de la medicina las cuales están contempladas en la sentencia T-231 de 2021 de la Corte Constitucional que "establece como requisito sine qua non que la dicha intervención quirúrgica debe proceder de una valoración aprobada por la junta médico multidisciplinaria".
Frente a esto se ordena que la patrullera sea valorada por un grupo conformado por psiquiatría, psicología, endocrinología, urología reconstructiva, entre otras, para así "obtener una valoración adecuada y eficaz para el procedimiento de reasignación de sexo".
