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El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento contra el gobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por presuntas irregularidades en un contrato para comprar diez ambulancias para la atención de pacientes con covid. Rosero Peña deberá cumplir la medida en su residencia.
El mandatario departamental fue imputado con los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
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El contrato fue suscrito por el secretario de Salud de Putumayo, Jorge Alberto Molina Giraldo, por más de 3.400 millones de pesos ($3.460'634.610). Una de las presuntas irregularidades es que solo hubo un proponente, Carrocería Innovas SAS, que además "no tenía disponibles las ambulancias medicalizadas para la fecha y plazos" acordados, dice la Fiscalía General. A pesar de esto, dicha empresa recibió, presuntamente, un anticipo del 50 % del valor total del contrato, añade el ente investigador.
Asimismo, se investiga un presunto sobrecosto por más de 1.000 millones de pesos ($1.064'626.310).
Sumado a lo anterior, Rosero Peña declaró la calamidad pública en Putumayo cuatro días antes de que el Gobierno nacional decretara la emergencia económica, social y ecológica por el coronavirus. Amparada en esa declaratoria, la Gobernación del Putumayo suscribió el contrato de las ambulancias, explica la Fiscalía.
Además del mandatario departamental, por este hecho también son investigados Molina Giraldo, Julián Mauricio Moreno Gómez (jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación), Gloria Fanny Chávez Cadena y Alexandra Benavidez González (supervisoras del contrato), y Rubén Darío Suárez Saavedra (representante legal de la empresa).
